La crisis ha golpeado con especial virulencia a la población inmigrante de la Comunitat. No sólo ha provocado un descenso de la población extranjera empadronada tras años de incrementos constantes, sino que además ha motivado la ‘huida’ de alrededor de 7.000 extranjeros en situación irregular, los llamados sin papeles o ilegales, que a su vez, conforman el eslabón más bajo (en cuanto a ausencia de derechos) del fenómeno migratorio.

Según el último informe sobre la situación de la población extranjera de la Comunitat, correspondiente al tercer trimestre del año, en la región residen 270.632 extranjeros en situación irregular. En el dato se incluyen aquellos que proceden de estados pertenecientes a la Unión Europea y los residentes de terceros países, como los latinoamericanos o los africanos.

En cambio, el informe correspondiente al primer trimestre situaba la cifra en 276.027 personas. Es decir, en pocos meses se ha reducido en 7.000 personas. Un inmigrante ilegal, en el momento en que pierde el permiso de residencia, si ha llegado a tenerlo, se queda sin la mayoría de derechos adquiridos, como la posibilidad de ser empleado, de circular libremente o de acceder a ayudas y subvenciones. Evidentemente, tampoco pueden permanecer en el país, y si son detectados se exponen a multas de 6.000 euros o a ser devueltos a su país previo paso por un centro de internamiento para extranjeros (CIE).

Para calcular el número de extranjeros ‘sin papeles’, los organismos restan del número de inmigrantes empadronados aquellos que tienen el correspondiente permiso para residir. A la cantidad resultante se le quitan los que tienen la posibilidad de establecerse gracias a una autorización de estudios.

Lo llamativo es que la misma estadística ofrece datos a priori contradictorios, y es que el número de inmigrantes con permisos de residencia ha descendido en 9.000 personas en el mismo periodo de tiempo. En otras palabras, esta cantidad de extranjeros habría entrado en una situación de ilegalidad al perder sus papeles, lo que debería haber aumentado la cifra total de ilegales. Y sin embargo esta última se ha reducido.

La única explicación que encuentran las fuentes consultadas es que estas personas que dejan de tener papeles deciden volver a su país o, en el mejor de los casos, cambiar de comunidad en busca de mayores posibilidades de trabajo.

Aunque es difícil hacer diferencias entre la afección de la crisis entre los inmigrantes, sí es cierto que tiene más consecuencias entre los llamados extranjeros de terceros países. Debido a la falta de trabajo, no consiguen cotizar los meses suficientes para optar a la renovación de sus permisos temporales (por dos años más) o para conseguir la tarjeta permanente (tras cinco años de estancia). Es lo que se llama la ilegalidad sobrevenida.

Este proceso sólo hace referencia a los extranjeros extracomunitarios, ya que los pertenecientes a la UE o a países como Noruega, Islandia, Liechtenstein o Suiza tienen un mecanismo mucho más sencillo para volver a estar regularizados. Basta con que presenten un certificado de empadronamiento acompañado de su documento de identidad para obtener la tarjeta de residente comunitario y entrar en la legalidad.

El informe elaborado por el secretariado diocesano de Migración de Orihuela – Alicante (Asti) sobre inmigrantes en situación irregular, que data de 2009, ya advertía de las consecuencias que podría tener la crisis en el fenómeno migratorio. Incluso aventuraba que para este año existía la posibilidad de que 10.000 personas se encontraran en una situación de ilegalidad sobrevenida. No han ido demasiado desencaminados, pues en pocos meses han sido 9.000 las personas en esta situación.

La entidad abogaba por una mayor flexibilidad a la hora de renovar las tarjetas de residencia para evitar esta situación, cuya principal consecuencia es que el aumento de la explotación laboral del colectivo inmigrante.

Según los datos que maneja la Conselleria que dirige Rafael Blasco, la estimación de extranjeros en situación irregular supone el 30% de los inmigrantes empadronados en la Comunitat, es decir, uno de cada tres. De hecho, una de las principales reclamaciones del conseller responsable, Rafael Blasco, es el mantenimiento de los fondos estatales que permiten acometer políticas de acogimiento e integración de los inmigrantes ilegales, que han sufrido un recorte superior al 70% en el caso de la Comunitat.

Por otro lado, la Comisión de Ayuda al Refugiado de la Comunitat (CEAR), ha convocado para hoy una protesta frente al centro de internamiento de extranjeros (CIE) situado en la calle Zapadores, dentro de la campaña impulsada nivel estatal que pide el cierre de estas instalaciones.

Además, solicitan a la delegación del Gobierno permiso para poder supervisar el trato que se da a los extranjeros ilegales internados.