El Cuerpo Nacional de Policía ha cerrado con un centenar de detenciones en la provincia de Alicante una redada ordenada por la Unión Europea (UE) contra la inmigración ilegal. El operativo se desarrolló durante la pasada semana, entre los días 11 y 17, con el objetivo de poner a prueba los recursos de los cuerpos policiales en esta materia dentro del ámbito comunitario, según se estableció desde la Presidencia de la UE, ejercida en la actualidad por Bélgica.

De los cien arrestados en las demarcaciones de la Policía Nacional, la inmensa mayoría, unos 70, fueron localizados en la ciudad de Alicante. Los resultados obtenidos en esta zona de la Península se sitúan a la cabeza dentro del territorio nacional, de acuerdo con las fuentes consultadas.

El despliegue de la denominada ‘Operación Hermes’ involucró a agentes de las brigadas de Seguridad Ciudadana, Información y también de la llamada Brigada Móvil, cuyos miembros desempeñan su trabajo en los medios de transporte. Los funcionarios policiales realizaron identificaciones selectivas, con especial intensidad en zonas de gran trasiego de gente, como estaciones de autobuses y trenes.

A los extranjeros que carecían de permiso de residencia se les abrió una propuesta de expulsión, en cumplimiento de la ley vigente, que ahora deberá validar la Subdelegación del Gobierno. No obstante, los afectados disponen de un periodo de tiempo para presentar alegaciones y aportar la documentación requerida, si es que dispusieran de ella. En buena parte de los casos, la resolución administrativa se zanja con una multa, en lugar de la repatriación, siempre y cuando el interesado carezca de antecedentes policiales, según muestra la experiencia.

La ‘Operación Hermes’ se llevó a término de manera simultánea en toda España y en el resto de los estados miembros de la UE. Además, se ejecutó en dos fases, una teórica y otra práctica, precisamente la que acaba de concluir. El año pasado se completó una actuación similar, bautizada entonces como ‘Carlomagno’.

El último operativo ha suscitado inquietud y miedo entre el colectivo de inmigrantes irregulares, máxime cuando muchos de ellos han perdido su puesto de trabajo y temen que expire su autorización de estancia en España. Las fuentes policiales consultadas explican que las unidades implicadas en la ‘Operación Hermes’ se han limitado a cumplir con su obligación, dado que las instrucciones provenían de la propia Presidencia belga de la UE y repercutían en todos los estados miembros.

Se confía en que los datos recopilados sirvan para reunir información útil para combatir las grandes redes organizadas de tráfico de seres humanos.