El ‘hotel’ de calle Mariscal ha cerrado definitivamente sus puertas. Los dos bloques llenos de personas que vivían de forma irregular en esta calle del barrio de La Goleta ya están vacíos después de la operación de desalojo desarrollada ayer. Alrededor de 30 personas de diferentes nacionalidades fueron obligadas a salir de las casas por un mandato judicial.

La operación desarrollada por la Policía Nacional comenzó al alba con un gran despliegue de agentes y vehículos. La tranquilidad de esta zona se rompió minutos antes de las 8 de la mañana, cuando agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) comenzaron a acordonar la calle e impedir que nadie accediera a los bloques a la espera de la llegada de la orden judicial.

Los primeros minutos fueron tensos. Los vecinos que se percataron de la presencia policial comenzaron a gritar por las ventanas alertando al resto de personas. Entonces comenzaron a asomarse el resto de los irregulares criticando a los policías. Entre gritos y lamentos también se escucharon voces que advertían sobre lo que podría pasar: «Así va España, que va a entrar en guerra los ricos contra los pobres y los pobres contra los ricos», gritaba una mujer que amenazaba con atarse al balcón.

Los agentes sólo tardaron diez minutos en entrar en el primer bloque, donde estaban la mayoria de los ocupantes. Sin apenas sobresaltos los policías fueron invitando a salir a todas las personas, a quienes además iban identificando para conocer si había inmigrantes indocumentados. Los desalojados comenzaron a sacar a la calle todo tipo de bolsas, televisiones e incluso neveras a la espera de que alguien les diera una solución a sus problemas. «Con los niños recién nacidos me veo yo en la calle», gritaba a los cuatro vientos otra mujer que portaba dos grandes bolsas. La mayoría de ellos fueron finalmente ayudados por el área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

Familias realojadas

De las familias que vivían en los inmuebles, dos fueron realojadas con sus familiares, otras dos fueron trasladadas a pisos en alquiler para inmigrantes y el resto recibieron ayudas económicas para el alquiler, según informó el Ayuntamiento. Además, para evitar nuevas ocupaciones, el edificio fue tapiado por completo. Los nuevos propietarios tienen la intención de rehabilitarlo en su totalidad y sacarlo en alquiler.

La orden de desalojo fue dictada por un juez de Málaga a principios de julio, aunque no se ha ejecutado hasta ahora. Tanto es así que las personas que debían ser expulsadas de las viviendas ya no estaban allí y habían sido reemplazadas por otras que apenas habían desempaquetado sus pertenencias. Los desalojados ya sabían que el juez había firmado la orden y que tarde o temprano se iba a producir la actuación, por lo que la salida se produjo con normalidad.

La actuación policial tampoco pasó inadvertida para los vecinos de la zona, que mostraron su ilusión por acabar con los problemas de inseguridad. Los propietarios de los edificios colindantes comentaron que las peleas eran casi diarias y que la suciedad se acumulaba creando incluso problemas de insalubridad. Algunos, incluso, pidieron que se echara abajo el bloque para impedir que vuelvan a colarse en él. «Hace cuatro años pasó lo mismo y sólo tardaron unos días en volver», recuerda un vecino que prefiere mantenerse en el anonimato.

La historia de los bloques 3 y 5 de calle Mariscal viene de lejos. El Ayuntamiento y el primer propietario de los edificios han mantenido varios encontronazos desde hace más de una década por el estado de abandono. De hecho, en junio de 2008 Urbanismo sacó a la venta forzosa los bloques por la falta de mantenimiento continuado pero no logró comprador. Desde entonces los problemas se han repetido hasta que una sociedad se ha hecho cargo de los inmuebles y se ha propuesto rehabilitarlos.