El Gobierno vasco ha mantenido contactos con los colegios de abogados para que los inmigrantes ‘sin papeles’ que recibían orientación jurídica a través Heldu, organismo cerrado por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales el pasado 15 de julio, sean atendidos temporalmente por las organizaciones de letrados. Según ha podido saber EL CORREO, la idea ha sido bien acogida por los responsables de los colegios, a quienes se ha planteado la posibilidad de suscribir un convenio para habilitar algo parecido a un turno especial, que no sería exactamente de oficio. Los inmigrantes podrían recurrir a esa vía para recibir el asesoramiento que antes proporcionaban los once letrados de Heldu: información y ayuda para conseguir papeles, renovar permisos de residencia y tramitar el reagrupamiento familiar.

En realidad, la oferta del Gobierno vasco supone recuperar el modelo con el que el servicio jurídico de inmigrantes funcionó desde 2002, año en que fue creado, hasta 2006. A lo largo de ese periodo, las oficinas de Heldu en las tres capitales vascas fueron gestionadas por los respectivos colegios de abogados, que habían llegado a un acuerdo con el anterior Gobierno tripartito. Sin embargo, en aquella época, el Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales quedó descontento con los resultados y, a partir de 2007, adjudicó el asesoramiento de los ‘sin papeles’ a la empresa Estudios y Proyectos SL.

Debate en la Cámara vasca

Ese sistema ha durado tres años. La actual consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, puso fin a la relación con Estudios y Proyectos el pasado verano, argumentando que esa sociedad había sido contratada irregularmente. No obstante, la clausura definitiva del servicio, sustituido de momento por un teléfono, cuatro abogados y un e – mail, ha merecido las críticas de todos los partidos, excepto el PSE; de los ayuntamientos, los trabajadores sociales, los sindicatos, los colectivos sociales, el presidente del Tribunal Superior del País Vasco, Juan Luis Ibarra, y el Ararteko. Precisamente, hoy se debate en el Parlamento vasco una proposición no de ley de UPyD que insta a Zabaleta a concretar con qué estructura sustituirá Heldu, que costaba un millón de euros anuales.

La posibilidad de restablecer ese organismo, pero con los colegios de abogados, había sido sugerida por el PP. No obstante, hasta la semana pasada, el Departamento de Empleo replicaba que los inmigrantes deben tener las mismas prestaciones que el resto de ciudadanos. A su modo de ver, los ‘sin papeles’ podían recurrir a los servicios generales de orientación jurídica que existen en los palacios de justicia.