El PP convirtió ayer la declaración ante el fiscal del concejal de Badalona Xavier García Albiol en un acto de precampaña electoral. Los populares escenificaron ser víctimas de ICV – EUiA y del Gobierno de la Generalitat porque denunciaron en la fiscalía los panfletos xenófobos en los que se relacionaba la delincuencia con la inmigración. La cabeza de lista popular a las elecciones autonómicas, Alicia Sánchez – Camacho, y el alcaldable del partido en Barcelona, Alberto Fernández Díaz, arroparon a Albiol y no escatimaron adjetivos para responsabilizara a la izquierda de que el concejal tuviera que pasar por ese trance. Y se ratificaron en sus ideas.

“Ninguna denuncia mordaza nos hará cambiar el discurso a favor de que los inmigrantes cumplan la ley y la respeten”, dijo Fernández Díaz. La líder del partido, por su parte, consideró “muy triste” que Albiol tuviese que declarar a raíz de un informe de la Generalitat. La difusión de los panfletos en Badalona el pasado mes de abril fue denunciada al fiscal por Iniciativa y días después los servicios jurídicos de la Generalitat enviaron un informe que advertía de un posible delito de provocación a la discriminación por motivos racistas. El Código Penal castiga esa conducta con penas de entre uno y tres años de cárcel. García Albiol acudió a la fiscalía en calidad de denunciado por ese motivo y asistido de abogado.

Sin embargo, el concejal negó de manera tajante al fiscal que los pasquines tuvieran intencionalidad xenófoba, aunque se relacionaba la presencia de los rumanos en Badalona con problemas de convivencia y de delincuencia. Según el edil popular, solo se pretendió constatar una realidad y la preocupación de los vecinos de aquella ciudad. “Nos quieren parar en el juzgado pidiendo prisión”, dijo Albiol a la salida para referirse a la denuncia presentada. En otro momento de la declaración, que se prolongó durante hora y media, el fiscal también le preguntó por el número de pasquines que se imprimieron y en qué lugar, así como por unas declaraciones que hizo Albiol días después de la polémica.La declaración de ayer de García Albiol pone punto final a la investigación iniciada hace unos días por el fiscal contra la discriminación, Miguel Ángel Aguilar. En los próximos días deberá decidir si archiva el caso o, por el contrario, emprende acciones judiciales contra el edil del PP en Badalona.

“Es muy triste, vergonzoso y lamentable que un cargo público sea perseguido legalmente por pedir inmigración legal y denunciar unos problemas”, dijo la presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez – Camacho, aunque en todo momento evitó cualquier crítica a la fiscalía. En su opinión, la responsabilidad por la imputación de Albiol es de ICV y del tripartito, y no del fiscal, que es quien decide abrir diligencias e investigar una denuncia, como ha ocurrido en este caso, o bien archivarla, como sucede a menudo con otras muchas denuncias por no existir ninguna base legal.

La presentación de denuncias ante la fiscalía es una actuación de la que no está libre ningún partido político, ni siquiera el PP. En algunos casos las denuncias han acabado archivadas, como sucedió en el caso de los informes del tripartito, que denunció el sindicato ultraderechista Manos Limpias, y en otros hubo juicio e incluso condena, como ocurrió con la malversación del Consorcio de Turismo de Cataluña, que salpicó a Unió y que denunció el sindicato CC OO.