La Comisión Europea (CE) cerró ayer, con un indulgente punto final, los agrios episodios que ha protagonizado estos últimos meses con Francia por las polémicas expulsiones de gitanos. La vicepresidenta del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Viviane Reding, anunció que no expedientará al Gobierno de Nicolas Sarkozy porque acepta la promesa de París de cambiar su legislación para incorporar hasta principios de 2011 todas las garantías de la UE sobre la libre circulación de personas.
«Francia ha hecho lo que le ha pedido la Comisión Europea», sentenció Reding. Bruselas mantenía la amenaza de sancionar al Ejecutivo galo si, antes del pasado viernes, no se comprometía a armonizar sus normas legales con las de la directiva europea. Finalmente, el Elíseo accedió el último día del plazo a las demandas de la Comisión. Unos hechos ante los que Reding mostró regocijo porque «demuestran el buen funcionamiento de la UE».
«Estoy encantado de que haya triunfado la razón», expresó ayer Sarkozy tras conocer la decisión de Bruselas de suspender el procedimiento de infracción. El Ejecutivo comunitario, no obstante, advirtió de que «seguirá atento y vigilará que los compromisos asumidos por Francia se apliquen completamente».
Las expulsiones de gitanos destaron una fuerte tormenta política sobre todo después de que Reding se atreviese a comparar las deportaciones con las redadas de judíos realizadas por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. La afirmación provocó la indignación del Gobierno galo y desencadenó un fuerte enfrentamiento entre Sarkozy y el presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, en la última cumbre de líderes europeos.