Detrás de la caza de sin papeles que lleva a cabo el Ministerio del Interior esta semana, en un operativo especial organizado por la UE se esconde una política de palmaditas en la espalda, méritos y ascensos. Detrás de la detención de personas que sólo han cometido faltas administrativas se adivina un entramado estadístico destinado a dar una imagen de firmeza policial en tiempos de crisis.

Así lo cree la Unión Federal de Policía (UFP), el sindicato que primero denunció, ya hace casi dos años, las redadas masivas de inmigrantes indocumentados y la política de cupos que se estaba extendiendo por varias ciudades. Alfredo Perdiguero, portavoz de la UFP, aseguró ayer que «se está condecorando a inspectores que presionan a los policías para hacer detenciones de extranjería».

La UFP ha denunciado a tres inspectores zonales del Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Madrid por realizar, durante el último año, supuestas «amenazas y coacciones» contra sus subordinados para que fueran a la busca y captura de sin papeles. Según este sindicato policial, los tres fueron condecorados después con la Medalla al Mérito Policial, con distintivo blanco, que no conlleva un aumento de sueldo, pero sí da puntos para ascender en el escalafón o cambiar de destino. «Es vergonzoso y penoso: ellos quedan bien a cambio de obligar a sus agentes a detener a extranjeros», resumió Perdiguero. Y apuntó que la caza de ciudadanos en situación irregular se sigue produciendo en España, esté o no dentro del contexto de la operación Hermes, que se desarrolla esta semana en toda Europa para conocer mejor el funcionamiento de las rutas de la inmigración clandestina.

«La policía tiene que dedicarse fundamentalmente a perseguir delincuentes, y no a los que cometen infracciones administrativas», recordó José María Benito, portavoz del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP). Según Benito, un porcentaje muy pequeño de expedientes de expulsión incoados acaba tramitándose. «Se invierten demasiados esfuerzos policiales en algo que no tiene demasiado resultado».

En este sentido, el portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Popular, Rafael Hernando, reclamó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que facilite al Congreso información sobre los expedientes de expulsión iniciados y los que finalmente se han realizado. «Lo hemos pedido varias veces, hace meses, y seguimos esperando», recordó.

Colectivos de inmigrantes como la Federación Panafricanista, Aculco, Rumiñahui o Ferrocarril Clandestino expresaron ayer su rechazo a estas detenciones.

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