La Audiencia de Alicante ha condenado a tres funcionarios de Extranjería de Alicante a 22 meses de prisión cada uno por falsificar permisos de residencia de ciudadanos inmigrantes, entre los años 2001 y 2003, a cambio de cantidades económicas que oscilaban entre los 600 y los 3.000 euros.

Del mismo modo, la sentencia condena también a otras cuatro personas acusadas de «establecer contacto con numerosos extranjeros» y «realizar funciones de captación y ofrecimiento de regularización de la estancia en España a cambio de fuertes cantidades de dinero».

A cada uno de los tres trabajadores de la Administración Pública se les ha impuesto una pena de prisión de doce meses, una multa de 18.750 euros e inhabilitación especial de cuatro años para empleo o cargo público por un delito continuado de cohecho.

Además, han sido penados por otro delito de falsedad, por el cual han recibido una condena de diez meses y quince días de cárcel y una sanción económica de cuatro meses a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 23 meses. El resto de imputados han sido condenados a seis meses de prisión y a multas que oscilan entre los 2.000 y los 3.500 euros.

Los hechos se remontan al 25 de abril de 2001, cuando, según la sentencia, «asociaciones de inmigrantes y las diversas Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas acordaron, en base a la legislación en materia de extranjería, conceder la legalización por arraigo a todas aquellas personas que acreditasen estar físicamente en territorio nacional antes del 23 de enero de ese año».

«Este proceso extraordinario se cerró el 31 de julio de 2001, improrrogable, puesto que a partir del 1 de agosto quedaron derogadas las normas anteriores y todos aquellos soportes documentales que habían servido de base a las peticiones de cualquier tipo», continúa el documento judicial.

En este momento, «caducado el plazo establecido para el proceso extraordinario de legalización de inmigrantes», los acusados M.V.P., J.A.A.H. e I.S.G., por aquel entonces empleados de la Oficina de Extranjeros de la Subdelegación del Gobierno de Alicante , «aprovecharon el volumen cuantioso de solicitudes, unos 24.000, para proporcionar a ciudadanos extranjeros permisos a cambio de dinero».

Estos resguardos de solicitud también iban acompañados «de certificados no auténticos de empadronamiento» para que los inmigrantes «obtuvieran las tarjetas de residencia y de trabajo».