El de la inmigración es un tema complejo en el que la sociedad se mueve entre la condena al racismo, el rechazo a lo desconocido y el miedo por la hipotética pérdida de seguridad o bienestar. Pero los datos inciden cada vez más en la realidad demográfica de nuestro municipio, algo que últimamente se ha hecho más visible en Azkoitia por el reagrupamiento que han llevado a cabo algunas familias paquistaníes. Ante esta situación, el alcalde Asier Aranbarri tiene las ideas claras: «Derechos sí, obligaciones también».
-En momentos de crisis, en general, es más fácil que repunte cierto grado de intolerancia hacia los inmigrantes, ¿qué radiografía hace de la situación en Azkoitia?
-Sí hemos detectado cierto nerviosismo, sobre todo, entre la población educativa. Es cierto que este verano se han reagrupado varias familias inmigrantes y eso ha hecho que su presencia en las aulas se haya intensificado ligeramente. Hay que decir que la media de inmigrantes en nuestro municipio es del 6%, es decir, la misma que se registra en la CAV, mientras que en el Estado el porcentaje asciende al 12%. Azkoitia es un municipio abierto y tolerante. Otros lo han sido también con nosotros en un pasado reciente. Creo que quien abandona su país de origen, su pueblo natal, dejando atrás a la familia y a los amigos, por hambre y por necesidad, se merece una nueva oportunidad. No somos nadie para negárselo. Pero también el inmigrante tiene que responder con un escrupuloso respeto hacia la comunidad que le acoge y le abre las puertas. Por eso, tenemos que actuar con una rigurosidad absoluta. Tenemos que ser tolerantes, pero haciendo que respeten nuestras normas. Los inmigrantes tienen derechos y obligaciones. Eso hay que dejarlo muy claro.
-¿A qué derechos y a qué obligaciones se refiere?
-Como en cualquier comunidad desarrollada, los inmigrantes tienen derecho a los servicios que se ofrecen en ella, como la sanidad o la educación. Pero también tienen obligaciones. Si queremos llevar a cabo un proceso normalizado de integración han de atenerse a las normas de convivencia de la comunidad que les acoge. Y en nuestro caso, esas obligaciones pasan, entre otras, por aprender el euskera y por respetar la figura de la mujer. El derecho a la igualdad entre hombres y mujeres no se discute. Pero hay que trabajarlo día a día. Es una lucha de todos, de mujeres y de hombres, mantener una conquista que se debilita cada vez que se ataca la dignidad y la libertad de la mujer. No podemos permitir esos ataques. Hay que obligar a ser iguales.
-¿Cómo se consigue eso?
-Ahí está la incógnita. Pero es lo mínimo que se les puede exigir porque si no, estaremos creando bolsas poblacionales marginadas y cerradas. ¿Qué ocurre en los municipios? Que al no estar regulado todo eso y al no tener competencias legislativas para ello, nos encontramos con las manos atadas. Al final, en estos momentos, nuestra labor no puede ir mucho más allá de la meramente sensibilizadora. En ese sentido, como institución local, solicito la ayuda de instituciones supramunicipales para concretar medidas que deberíamos adoptar todos. Hoy por hoy, los Ayuntamientos estamos muy limitados, aunque eso no signifique que estemos con los brazos cruzados.
-¿Qué se está haciendo?
-En el caso concreto de Azkoitia, contratamos a un técnico de inmigración, no sólo para que fuera el intermediario entre el inmigrante y el Ayuntamiento, si no, para que se elaborara un diagnóstico veraz del municipio y se realizara un plan. Y en ello estamos. Espero que esté listo en breve, para hacerlo público. En cualquier caso, en el tema de la integración todos podemos aportar algo. No vale con cerrar los ojos.
-Los ciudadanos interpretan muchas de las iniciativas o proyectos destinados a los inmigrantes como ayuda extra que se le resta al resto de la población.
-Es una crítica sin razón de ser. Así como tienen derecho a participar en las actividades cotidianas respetando nuestras normas de convivencia, tienen derecho a ser sujetos de proyectos o ayudas que, en ningún caso, son ‘ayuda extra’. El Ayuntamiento, de una u otra manera, ofrece ayudas a personas en situación de exclusión social, a personas mayores dependientes, a aquellas con dificultades físicas o psíquicas. El grueso de nuestras ayudas de emergencia social (AES) se destina a los propios azkoitiarras. Es decir, más del 70% de las AES las reciben los azkoitiarras. El resto de receptores, un 30%, son inmigrantes. Pero son personas antes que inmigrantes. Lo que no voy a negar es que uno de los retos de la administración en todos los niveles es llevar un seguimiento y un control riguroso de las prestaciones que realiza. Pero en ese posible porcentaje de fraude que pueda haber entran todos, inmigrantes y los que no lo son. Además, al igual que vamos a dotar de ayudas a los inmigrantes que lo necesiten en la medida de nuestras posibilidades, perseguiremos hasta el final a aquellos que rompan las normas. No consentiremos, en ningún caso, por ejemplo, que haya pisos patera. Es la línea que vamos a seguir.
-Otra de las imágenes que nos deja la inmigración es a personas pidiendo en las calles. ¿Hay forma de evitarlo?
-Hay un grupo de rumanos que han hecho de pedir su modus vivendi, porque son víctimas de una mafia perfectamente estructurada. Prefieren pedir a trabajar o alguien que está por encima les obliga a pedir antes que a trabajar. Por ello, y en esto coincido con el mensaje de Cáritas, los ciudadanos tienen que saber que no ayudamos a esa gente de ninguna manera dando limosna. Todo lo contrario. Cavamos su propia tumba. Pueden acceder a las ayudas que presta Servicios Sociales, pero por supuesto, tienen que cumplir ciertos requisitos legales.