bilbao. Las últimas decisiones adoptadas por la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, en materia de políticas sociales, no han dejado indiferente a nadie. Ni sindicatos, ni agentes sociales, ni tampoco el propio Ararteko han rehuido mostrar sus recelos ante cuestiones de índole tan “sensible” como el cierre del servicio juridico – social a las personas inmigrantes o la polémica concesión de las Ayudas de Emergencia Social (AES) a los ayuntamientos.

Tampoco las fuerzas políticas han esquivado entrar a valorar las repercusiones que acarreará la postura que defiende el Gobierno vasco. Buen ejemplo de ello dio ayer el Partido Nacionalista Vasco, formación que volvió a poner en entredicho las medidas aportadas por el Gobierno vasco para hacer frente a la exclusión social. “¿Dónde se han quedado las promesas de la Consejera Zabaleta a comienzos de la legislatura?”, se preguntó la parlamentaria jeltzale Eider Mendoza.

Tras valorar la situación que atraviesan los municipios vascos ante la falta de recursos con la que se encuentran para hacer frente a las Ayudas de Emergencia Social, Mendoza puso sobre la mesa cuestiones como la gestión de la Renta para la Garantía de Ingresos (RGI) o la actuación del Gobierno vasco en materia de política de familia. “Se han dado pasos importantes, pero, aun así, observamos notables lagunas”, aseguró.

Entre ellas, Mendoza mencionó la opción que baraja el Departamento de Asuntos Sociales de eliminar la reducción de las horas de trabajo y excedencia asignada a los hombres sin plantear ninguna otra alternativa que equipare, dentro de lo que cabe, esta situación. “Pese alguna medida positiva, es evidente que en lo que a política familiar respecta, Lakua tampoco cumple lo prometido”, insistió la parlamentaria del PNV.

Por último, sobre la posibilidad de que Lanbide pase a gestionar la Renta para la Garantía de Ingresos – que al igual que las AES su gestión corresponde a los ayuntamientos – Mendoza afirmó que, a priori, el PNV vería con buenos ojos este planteamiento aunque, según matizó, siempre y cuando sea “para mejor”. “Aunque no nos parece mal, es evidente que esta situación nos plantea una serie de dudas, ya que las experiencias piloto puestas en marcha hasta la fecha han sido mediocres”, puntualizó.

cierre de heldu El polémico cierre el pasado 16 de julio del servicio jurídico de atención a inmigrantes en situación irregular fue otro de los temas que repasó la formación jeltzale. Una semana después de que Zabaleta acudiera al Parlamento vasco para explicar los motivos para la supresión de este servicio, los argumentos esgrimidos por la consejera siguen sin convencer al PNV. “En el caso de que el anterior servicio no fuera del agrado del Gobierno vasco, que lleven a cabo una adaptación del mismo, pero que se ponga en marcha un servicio específico para atender a este colectivo”, subrayó la parlamentaria jeltzale Nerea Antia.

En este sentido, Antia calificó de “insuficientes” las medidas proporcionadas por la consejera de Asuntos Sociales para revertir la situación creada tras el cierre de Heldu. “Lo único que sabemos es que han puesto un teléfono, una dirección de correo electrónico y han contratado a un abogado”, apostilló. Por último, desde el PNV emplazaron al Gobierno vasco a presentar “sin demora” el III Plan vasco de Inmigración, ya que, según denunciaron, “va a transcurrir un año sin contar con una herramienta fundamental para coordinar las estrategias en materia de inmigración”.