La operación “Chanda” se ha saldado con la detención de un total de dieciocho personas, todas españolas y pertenecientes a la misma familia. A través de un complejo de entramado empresarial, los detenidos se dedicaban a explotar a inmigrantes en situación irregular y defraudar a la Tesorería General de la Seguridad Social. Dos de los acusados son los responsables de dos Asesorías Legales.

La organización llegó a regularizar a 91 inmigrantes en Asturias, y la Policía Nacional de Oviedo ha cifrado en más de 700.000 euros la cantidad defraudada. A los detenidos se les imputa, en función de su responsabilidad, delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, de falsedad documental, de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en España.

La llamada operación “Chanda” fue iniciada y desarrollada por el Grupo I de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Policía de Asturias. A lo largo de los dos últimos años y medio, los investigadores han analizado multitud de documentación y se han confeccionado cinco atestados policiales. Así, para el desarrollo de la misma se ha contado con la colaboración de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, la Tesorería General de la Seguridad Social y con los Servicios de Estadística de diversos Ayuntamientos.

El inicio de la operación tuvo lugar en octubre del 2008, cuando se detectó en la Oficina Única de Extranjeros un incremento sustancial de solicitudes de autorizaciones de residencia temporal y trabajo por cuenta ajena, siempre para las mismas cooperativas y asociaciones constituidas en Asturias y dedicadas mayoritariamente a la venta ambulante. La Policía descubrió pronto la existencia de un complejo entramado de sociedades carentes de actividad, dirigido por una misma familia. Los órganos de dirección de estas sociedades en su mayoría, actuaban como testaferros. A cambio de una cantidad económica estaban dispuestos a “prestar” sus datos personales para que la asociación o cooperativa fuera dada de alta, pero desempeñaron el cargo para el que fueron designados.

Presuntamente esta familia habría comenzado su andadura empresaria hace aproximadamente siete años. Juntos y con asesoramiento profesional, diseñaron un negocio con el claro fin de obtener cuantiosos beneficios económicos.

Una vez creada las asociaciones y cooperativas ficticias procedieron a poner en marcha la primera parte del plan basada en conseguir dinero de la regularización de inmigrantes. A cambio de 1.000 euros, la organización presentaba ante la Oficina Única de Extranjeros de la Delegación del Gobierno en Asturias, la correspondiente oferta de trabajo para una de sus múltiples cooperativas fantasmas de venta ambulante.