La Consejería de Educación no quiere dejar un centímetro para la duda: la imposición de cuotas por recibir la enseñanza obligatoria en los colegios concertados no está permitida. La Administración está elaborando un nuevo decreto de escolarización, en el que se incluirá la prohibición expresa de cobrar estas aportaciones, salvo que sean voluntarias y para determinadas actividades extraescolares, complementarias y algunos servicios, tal y como ya se recoge en la Ley Orgánica de Educación (LOE).

“No hay ninguna circunstancia por la que se pueda imponer el abono de una cantidad”, dijo ayer el consejero Francisco Álvarez de la Chica: “La educación es radical y rotundamente gratuita”, insistió.

Álvarez de la Chica defendió las sanciones impuestas a cuatro colegios concertados de Almería que obligaban al pago de cuotas de este tipo a las familias de los alumnos. Las multas a estos cuatro centros religiosos suman 564.800 euros. Las sanciones se impusieron tras las denuncias de progenitores en el curso 2008 – 2009.

Según fuentes de la consejería, antes de abrir el expediente al primero de los colegios – el centro La Salle de Almería capital – se intentó resolver, sin éxito, el asunto en una comisión de conciliación.Tras el fracaso en la comisión de conciliación – en la que se sentó a la familia denunciante y a la dirección del colegio – , Educación abrió un expediente, que se resolvió con una sanción de 279.000 euros. Luego, la inspección educativa detectó cuotas obligatorias en otros tres concertados religiosos de Almería: La Salle Chocillas y la Divina Infantita, en la capital, y otro Divina Infantita ubicado en el municipio de El Ejido.

La consejería no quiere que se den más casos como los detectados en Almería. Por eso reforzará el decreto de escolarización con la prohibición expresa de cobrar cuotas por la educación. En el artículo 2 del decreto todavía vigente se deja claro que todos los alumnos tienen “derecho a un puesto escolar que le garantice la enseñanza básica obligatoria y gratuita” y que los padres podrán “elegir centro docente”. Será en este apartado en el que Educación incluirá la prohibición del cobro de estas cuotas en los concertados. Lo que hará la consejería será trasladar a la norma andaluza el artículo 88 de la Ley Orgánica de Educación en la que se fija la imposibilidad del cobro de aportaciones que no sean voluntarias para que no exista “discriminación por motivos socioeconómicos” entre el alumnado.

El nuevo decreto de escolarización también se adentrará en otro asunto complicado, el del reparto de alumnos extranjeros entre los centros públicos y concertados. Existe un evidente desequilibrio que se quiere corregir: casi el 92% de los 100.000 estudiantes extranjeros está matriculado en los centros de la red pública. Sin embargo, respecto al alumnado en general, en los colegios e institutos públicos estudia el 79% de los chicos. Los concertados escolarizan a un porcentaje menor del que les correspondería sobre el papel.

Para tratar de resolver este asunto, algo que se lleva intentando desde hace años, Educación impondrá a todos los centros públicos y concertados la reserva de tres plazas por cada clase hasta el final del periodo de matriculación para los alumnos con necesidades especiales de apoyo, entre los que figuran los chicos extranjeros con condiciones socioeconómicas y culturales desfavorables.

Esta posibilidad ya se contemplaba en la Ley de Educación (LEA), en la que se señala que la Administración puede “reservar hasta el final del periodo de matrícula una parte de las plazas de los centros públicos y privados concertados” para este tipo de alumnos. También se recoge en el actual decreto de escolarización, que data de 2007 y en el que se advertía que “en la determinación de puestos escolares vacantes, se podrá reservar hasta el final del período de matrícula hasta tres de ellos por unidad escolar” para estos estudiantes. La diferencia ahora es que se va a pasar de una posibilidad a una obligación, según resaltó ayer el consejero de Educación. Y este cambio se lleva a cabo ante el fracaso de las medidas desarrolladas hasta ahora, que no han conseguido corregir el desequilibrio en la escolarización.

De la reserva de plazas se beneficiarán todos aquellos estudiantes que presenten necesidades específicas por sus capacidades personales (es decir, discapacidad, enfermedad permanente o sobredotación intelectual), por incorporación tardía al sistema educativo o por precisar de actuaciones de carácter compensatorio.

Tras la presentación ayer del proyecto de decreto, la Consejería de Educación abrirá ahora un proceso para negociar el texto con los diferentes actores del sistema de enseñanza.