El Gobierno francés registra desde ayer las huellas digitales de los inmigrantes irregulares que deporta (la mayoría gitanos rumanos) y a los que paga 300 euros por adulto y 200 por niño en concepto de ayuda a la integración en su país. El origen de este registro, según el Gobierno, es impedir el fraude generalizado y que la deportación se convierta en un pasillo de ida y vuelta de inmigrantes que salen de Francia con 300 euros en el bolsillo y regresan a los pocos meses con otra identidad y papeles falsos. Además de la toma de huellas (que se hace siempre y cuando el inmigrante en cuestión tenga más de 12 años) los extranjeros son fotografiados. Todos estos datos quedarán en los archivos del Ministerio francés de Inmigración un mínimo de cinco años.

Este dispositivo, denominado Oscar (Herramienta Simplificada de Ayudas para el Retorno, en sus siglas en francés) fue creado en octubre de 2009, pero hasta ahora solo contaba con datos de personas que se habían beneficiado de tres de estas ayudas a la reinserción en su país de origen. Su actualización – y la toma de huellas – coincide con la determinación del Gobierno de Nicolas Sarkozy de desmantelar los campamentos de gitanos rumanos que existen en Francia y de empujar a sus ocupantes a sus países, especialmente Rumania y Bulgaria.

Esta política ha acarreado a Francia (y a Sarkozy en particular) una oleada de críticas, un enfrentamiento con la Comisión Europea no saldado aún del todo y, a la postre, un descenso de la popularidad del presidente de la República en los sondeos: en una encuesta que aparecerá el domingo en Le Figaro, Sarkozy registra la tasa más baja de su mandato, un 26%.