LA clausura, por segunda vez en dos meses, de la principal mezquita de Lleida por exceder el aforo ha abierto un debate sobre el emplazamiento de los templos de los creyentes de fe musulmana, cuyo aumento es evidente por la inmigración de los últimos años. Hasta hace pocos días, los fieles musulmanes han orado en pleno espacio público, en los Camps Elisis, ahora ocupados por los puestos de la Fira de Sant Miquel.

Las divisiones en el seno de la comunidad musulmana de Lleida complican mucho la búsqueda de soluciones. No es fácil establecer la representatividad de unos interlocutores cuando estos actúan cada uno por su cuenta. El Ayuntamiento ha ofrecido un solar en el polígono El Segre-Entrevies, una solución que no agrada a los líderes religiosos, quienes, además, argumentan falta de recursos. Por otro lado, un informe pericial encargado por el Tribunal de Justícia de Catalunya sostiene que el solar propuesto por las autoridades municipales no cumple con las condiciones que exige la legislación urbanística. Varios empresarios también han expresado su oposición a que la mezquita se ubique en esta zona.

El reto no es fácil y hay riesgo de que sea aprovechado, tarde o temprano, por radicales islamistas y por grupos xenófobos. Por ello, es oportuno recordar algunos principios. Catalunya cuenta con una ley de Cultos que debería servir, en estos casos, para clarificar las cosas y encauzar el debate. El Ayuntamiento de Lleida ha cumplido con su deber evitando aglomeraciones que ponen en peligro la vida de las personas y la convivencia. Todo el mundo sin excepción está obligado a cumplir las normas. En este cometido cabría esperar una colaboración más activa de los líderes religiosos musulmanes, para evitar que la administración local deba tomar medidas extremas. Así las cosas, nuestras leyes garantizan el derecho a la libertad religiosa y su concreción cotidiana de acuerdo con las ordenanzas que correspondan. Es responsabilidad de los fieles musulmanes buscar la financiación necesaria para su templo y proponer enclaves plausibles, en diálogo constructivo con La Paeria. Corresponde al poder local garantizar que los musulmanes no deban profesar su fe en condiciones precarias o que comporten discriminación con respecto a las personas de otras confesiones. Con todo, y aplicando el sentido común que ha demostrado siempre el alcalde Àngel Ros, urge hallar una salida razonable a este asunto, que no cause mayores polémicas y que armonice los intereses generales de la ciudad con los del colectivo musulmán.