CUANDO Zapatero tuvo que escoger entre apostar por los gitanos o irse de rositas con Sarkozy, escogió lo segundo. Y cuando le preguntaron a Rajoy cuál era su opinión sobre la expulsión de romaníes en Francia, se limitó a decir que todo le parecía legal, y que no tenía más que añadir. Y eso es tanto como afirmar que el único punto de encuentro entre el PP y el PSOE es la política migratoria de Sarkozy, y que, en tan delicado escenario, comparten posición o cobardía con la práctica totalidad de los dirigentes de la UE.

Lo que haya que hacer con los asentamientos romaníes es algo discutible, ya que existen sospechas de que su éxodo masivo también fue favorecido por el Gobierno de su país. Pero lo que resulta una evidencia es que las decisiones políticas las están tomando unos gobernantes miserables, ya que todos salvo Sarkozy y Berlusconi, que van de frente tiran la piedra y esconden la mano, y porque nadie se atreve a recordar que convertir la libre circulación de personas en un principio fundamental de la UE, mientras se desarrollan políticas migratorias particulares y contradictorias, es un disparate.

No le faltaba razón a Zapatero cuando afirmó que no se puede sancionar a Francia sin instruir un expediente que avale tal medida. Pero también es obvio que, cuando los españoles le pedimos al presidente que nos explique las risitas y palmaditas que le regaló a Sarkozy, no esperamos una huida inteligente, sino un raciocinio ético y coherente que sea compatible con la doctrina social-populista que nos ha endilgado a lo largo de la última década. Vista la monserga social que los españoles hemos sufrido y apoyado durante los últimos años, a Zapatero no le quedaba más remedio que distanciarse radicalmente aunque diplomáticamente de Sarkozy. Y es evidente que, al no hacerlo así, está creando la sensación de que sus principios sólo rigen cuando no le estorban, y que su relativismo moral no tiene nada que envidiar al que exhibe el PP en toda circunstancia.

Y el mismo reproche hay que hacérselo a Rajoy, que, incapaz de distinguir entre lo jurídico, lo ético y lo político, no utiliza las normas para reforzar sus criterios de gobierno y adecuarlos al sentir y a las preferencias de los ciudadanos, sino para procurarse un escudo que proteja su inmovilismo y su irresponsabilidad ética y política. Porque, si bien es posible que Francia haya actuado legalmente al desmantelar los campamentos gitanos, no cabe duda de que el apoyo dado por los populares a Sarkozy exige mayores precisiones y fundamentos, y que el hecho de no ofrecerlos nos hace desconfiar del camino emprendido por el PP en el marco de las elecciones catalanas.

Subir los impuestos es legal, y bajarlos también, pero en términos políticos no es lo mismo lo uno que lo otro. Casarse es un hecho legal, y divorciarse también, pero a los hijos no les afecta igual lo primero y lo segundo. Crear una universidad, o hacer un plan hidrológico, o autorizar la producción de alimentos genéticamente modificados, es tan legal como hacer lo contrario. Pero los ciudadanos exigen que cada una de estas decisiones sean razonadas y motivadas. Y por eso me parece oportuno recordarle a Rajoy que si Sarkozy hubiese apostado por la integración de los gitanos también habría actuado legalmente “¡faltaría más!”, y que lo que los españoles le pedimos a él no es un dictamen jurídico sobre las repatriaciones dictadas en Francia, sino el criterio con el que afrontaría una situación similar en España y en la UE. Porque lo que estamos viendo es para echarse a temblar.