LA política de deportaciones colectivas de gitanos rumanos y búlgaros impulsada por el Gobierno de Sarkozy ha supuesto un nuevo varapalo al proyecto de construcción de la Unión Europea. Por supuesto, los primeros perjudicados han sido los cientos de romaníes que han sido trasladados a sus países de origen bajo la excusa de que ocupaban campamentos ilegales. En realidad, los gitanos han sufrido las consecuencias de su condición de pobreza y exclusión, y su expulsión vulnera el Derecho Comunitario que establece que en territorio europeo no se puede proceder a la expulsión de ninguna minoría étnica de forma colectiva. El Gobierno derechista de Sarkozy se escuda en que han sido individuales; una evidente falsedad que se sumó a otras anteriores y que originó el enfado de Viviane Reding, comisaria de Justicia y Derechos Fundamentales de la UE, quien anunció la apertura de un proceso sancionador que parece ser que Sarkozy no acatará, ya que insiste en seguir con estos métodos. Se deteriora, así, la imagen pública de una Francia fundadora y motor de la construcción europea en su ámbito económico, pero también en del modelo de protección social, de Estado de Bienestar y de protección jurídica basado en la garantía de los derechos humanos. Y, tras el incomprensible respaldo unánime de los presidentes de los 27 estados de la UE a Sarkozy una solidaridad corporativista que prefirió eludir el fondo de la cuestión, la expulsión de ciudadanos comunitarios por su condición étnica y de pobreza, y aferrarse a una supuesta dureza en las formas de la comisaria Reding, vuelve a perder la Unión Europea. Un proyecto que parece alejarse del sueño que impulsaron personas como Monnet y Schuman y que corre el peligro de no conectar con los intereses de sus propios ciudadanos; engrosan las filas del euroescepticismo las personas que ven en la UE a un conglomerado burocrático, de muy alto coste, ineficaz a la hora de desarrollar una Europa más democrática, más justa y más solidaria, e incapaz de imponer los valores comunes a los intereses particulares de cada Estado. Y para remate, que Zapatero y Rajoy coincidieran en esa misma posición defendiendo la legalidad de las expulsiones, deja en muy mal lugar a un presidente del Gobierno que alardea de centrar buena parte de su política en el desarrollo y protección de los derechos de los ciudadanos desde el progresismo.