Alicia Sánchez – Camacho, líder del PP catalán, y Marie Thérèse Sanchez – Schmid, de la UPM, saludan a simpatizantes en Badalona. :: EFE

«No me parece razonable que el PP quiera instrumentalizar un tema de esta naturaleza». José Luis Rodríguez Zapatero respaldó con entusiasmo a Nicolás Sarkozy en su encontronazo con la Comisión Europea a cuenta de las expulsiones de gitanos, pero la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, echó ayer en cara al principal partido de la oposición que organizara a la eurodiputada de la UPM Marie – Thérèse Sanchez – Schmid una visita por barrios de Badalona donde viven gitanos rumanos.

La política de inmigración es una cuestión especialmente sensible para Fernández de la Vega, que preside la comisión delegada del Gobierno sobre el tema y ha luchado con especial intensidad por lograr una política común en la Unión Europea. Fue precisamente ella quien casi provocó un incidente diplomático cuando en mayo de 2008 reprobó de viva voz las medidas que estaba llevando a cabo el Gobierno de Silvio Berlusconi y que llevaron a la detención de cientos de inmigrantes irregulares de etnia gitana.

«El Ejecutivo rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y, por tanto, no puede compartir lo que está sucediendo», dijo entonces.

La número dos del Gobierno remarcó, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la política que defiende España conjuga la lucha contra la inmigración ilegal con el respeto a los Derechos Humanos, la integración y la cooperación con los países de origen. Sin embargo, se mantuvo fiel al guión marcado por Zapatero en Bruselas el día anterior cuando, además de aprovechar para leer la cartilla a la comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, por comparar lo hecho en Francia con las persecuciones del nazismo, aseguró que Sarkozy había dado argumentos de peso que avalan la legalidad de sus medidas contra los asentamientos de gitanos.

Fernández de la Vega no hizo mención alguna de lo dicho por Reding, pero se amparó en que la postura del jefe del Ejecutivo ya había sido «clara», y arguyó que habrá que esperar a que la Comisión concluya el expediente abierto a Francia antes de hacer valoración alguna sobre su comportamiento. «Francia es un Estado de Derecho – añadió – y como tal está sometido a las leyes».

López Aguilar

Tanto miramiento con el presidente galo ha pillado con el pie cambiado a importantes miembros de la cúpula socialista. El pasado miércoles, el mismo día en que Reding mostró su indignación por la circular interna del Gobierno francés que llamaba a erradicar los asentamientos ilegales, el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, aplaudió complacido a la comisaria. Hacía apenas unas semanas, él mismo había defendido ante la Eurocámara la necesidad de tomar una decisión política – independientemente de la respuesta jurídica que depende de la Comisión y de los tribunales – frente a lo que calificó de «expulsión colectiva y objetivada sobre base étnica, contraria a la construcción europea y a su principio de ciudadanía».

Dos días después, López Aguilar se ha quedado colgado de la brocha. Aunque es cierto que la vicepresidenta evitó mostrarse tan espléndida con Sarkozy como lo había hecho su jefe de filas, eludió disparar contra él. La política migratoria que defendió poco tiene que ver con la de Francia y, no en vano, Zapatero ya recibió en su día críticas de aquel país por decisiones como la regularización masiva de inmigrantes en 2005.

Sus reproches fueron sólo para el PP, partido hermano de la UPM del presidente francés en Europa, porque «no se ha caracterizado precisamente por respaldar» al Gobierno en su intento de combinar el respeto a los derechos humanos y la integración con la lucha contra la inmigración ilegal. «Incluso tuvimos que modificar una ley que ellos aprobaron tras el varapalo del Constitucional», remató en referencia a la ley de extranjería.