“No me parece razonable que el PP quiera instrumentalizar un tema de esta naturaleza”. José Luis Rodríguez Zapatero respaldó con entusiasmo a Nicolás Sarkozy en su encontronazo con la Comisión Europea a cuenta de las expulsiones de gitanos, pero la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, echó ayer en cara al principal partido de la oposición que organizara una visita por barrios de Badalona donde viven gitanos rumanos a la eurodiputada de la UPM Marie – Thérèse Sanchez – Schmid.

La política de inmigración es un tema sensible para De la Vega, que preside la comisión delegada del Gobierno. Ella reprobó de viva voz en mayo de 2008 las medidas de Berlusconi y que llevaron a la detención de cientos de inmigrantes irregulares de etnia gitana. “El Ejecutivo rechaza la violencia, el racismo y la xenofobia y no puede compartir lo que está sucediendo”, dijo entonces.

Política migratoria

De la Vega remarcó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la política que defiende España conjuga la lucha contra la inmigración ilegal con pleno respeto a los Derechos Humanos, la integración y la cooperación con los países de origen.

Sin embargo, se mantuvo fiel al guión marcado por Zapatero en Bruselas el día anterior cuando, además de aprovechar para leer la cartilla a la comisaria de Justicia, la luxemburguesa Viviane Reding, por comparar lo hecho en Francia con las persecuciones del nazismo, aseguró que Sarkozy había dado ante “los 27” argumentos de peso que avalan la legalidad de sus medidas contra los asentamientos de gitanos, en su mayoría rumanos y búlgaros.

De la Vega se amparó en que la postura del jefe del Ejecutivo había sido “clara”, y dijo que habrá que esperar a que la Comisión concluya el expediente abierto a Francia antes de valorar su actitud. “Francia es un Estado de Derecho y como tal, sometido a las leyes”.

Tanto miramiento con el presidente galo ha desconcertado a miembros de la cúpula socialista.

El mismo día en que Reding mostró su indignación por la circular interna del Gobierno francés que llamaba a erradicar los asentamientos ilegales “tomando como prioridad los de los gitanos rumanos”, el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, aplaudió complacido a la comisaria. Semanas antes, había defendido ante la Eurocámara la necesidad de tomar una decisión política – independientemente de la respuesta jurídica – frente a lo que calificó de “expulsión colectiva y objetivada sobre base étnica, contraria a la construcción europea y a su principio de ciudadanía”.

Aunque De la Vega evitó mostrarse tan espléndida con Sarkozy como lo había hecho su jefe de filas, eludió hablar contra él. La política migratoria que defendió con vehemencia poco tiene que ver con la de Francia y, no en vano, Zapatero ya recibió en su día críticas de aquel país por la regularización masiva de inmigrantes en 2005.