La reunión del Consejo Europeo fue acaparada ayer no tanto por las expulsiones de rumanos y búlgaros de etnia gitana de territorio francés como por el elevado tono del cruce de mensajes entre la comisaria de Justicia, Vivane Reding, y el presidente Sarkozy. Entre la directriz interna del Ministerio del Interior francés que el pasado cinco de agosto daba instrucciones a prefectos y fuerzas policiales para que procediesen al desmantelamiento de campamentos ilegales, especialmente de los integrados por ‘gitanos rumanos’, y la expulsión remunerada de los mismos hacia sus países de origen, Francia adoptó y puso en práctica decisiones que no parecen suficientemente documentadas en derecho. La escalada verbal protagonizada por Reding estableciendo una comparación inadmisible con las deportaciones nazis y Sarkozy invitando a la comisaria a que acoja a los expulsados en su Luxemburgo natal no debería servir para eludir un problema que es de Francia y de todos los socios europeos, España incluida. Ni Sarkozy puede enrocarse en la dignidad herida de los franceses por las palabras de Reding, ni las instituciones de la Unión pueden contentarse con recordar que su función es la de velar por los derechos y libertades en Europa. De igual modo que Rumania y Bulgaria deben asumir su propia responsabilidad ante el problema.