El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco manifestó ayer que ha firmado el convenio propuesto por el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, para la atención a los inmigrantes «por responsabilidad», ya que considera «totalmente insuficientes» las ayudas destinadas a la Comunitat, además «de haberse realizado una distribución arbitraria de los fondos según comunidades autónomas».

A través de este acuerdo, Blasco ha lamentado que el Gobierno haya aplicado «un severo recorte» a las políticas de integración desarrolladas por las comunidades autónomas. En el caso de la Comunitat, la asignación por parte del Ejecutivo ha pasado de 23.023.419 euros a 7.686.640 euros, es decir, 15 millones de euros menos que el pasado año, esto es un 65% menos.

Blasco manifestó que las consecuencias de esta drástica reducción la sufrirán fundamentalmente los ayuntamientos, ya que de acuerdo con este convenio y los anteriores percibían el 40% de la aportación del Ministerio a través de un acuerdo entre la Generalitat y la Federación valenciana de municipios y provincias.

El conseller entiende que cualquier inversión pública para atender, en este caso, al bienestar de las personas inmigrantes, uno de los colectivos que más está sufriendo las consecuencias de la actual crisis, «es una noticia positiva, por lo que el Consell destinará con eficacia estos recursos gracias a su política de integración a ayuntamientos y entidades de acogida», indicó.

No obstante, reiteró que la distribución de los fondos es «insuficiente» y, además, «injusta» porque la autonomía es la tercera que menos percibe por inmigrante «pese a que ocupa el mismo lugar en números absolutos en población extranjera». Como dato relevante, Rafael Blasco hizo hincapié en la diferencia entre las provincias españolas. «Andalucía, con menos habitantes extranjeros, recibirá por primera vez más ayudas que la Comunitat», dijo.

La Comunitat recibió en 2005 algo más de 14 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración de Inmigrantes. Entonces el número de inmigrantes y extranjeros residentes en la región sumaban 581.985.

En la actualidad, este colectivo se ha incrementado considerablemente: 884.622 personas y, sin embargo, la cuantía que destina el Gobierno ha menguado hasta los 7,6 millones de euros.