«Son una minoría, pero son unos jetas». El alcalde de Vitoria, Patxi Lazcoz, anunció ayer que el Ayuntamiento pondrá en marcha el 1 de octubre el sistema que permitirá a los ciudadanos denunciar a las personas que cobran ayudas sociales de forma fraudulenta. A partir de ese momento, quienes tengan constancia de que alguien recibe alguna subvención pública sin cumplir los requisitos podrán dar la voz de alarma. Deberán pedir cita, reunirse con un técnico municipal y revelar «de forma anónima» lo que saben. Ni siquiera tendrán que rellenar un boletín de denuncia. Bastará con su testimonio. Los inspectores se encargarán del resto.

Vitoria es, con diferencia, la capital vasca que más dinero destina a las ayudas sociales. Esta política despierta admiración en otras ciudades, ya que permite que las personas con menos recursos puedan vivir con dignidad. Pero, al mismo tiempo, estas prestaciones son el objetivo de algunas personas que buscan – y consiguen – «engañar» a las instituciones. Por ejemplo, aseguran que no llegan a fin de mes pero trabajan ‘en negro’. Otras falsifican sus datos para cumplir las condiciones. «No podemos permitir esto», zanjó Lazcoz.

El alcalde recalcó que el fraude en estas subvenciones es cada vez menor, aunque «hace mucho daño». El Ayuntamiento vigila de cerca el funcionamiento de estas ayudass desde hace cinco años, cuando el concejal popular Miguel Ángel Echevarría impulsó un plan de inspecciones que fue innovador en el País Vasco. Hoy en día, el Consistorio detecta concesiones irregulares de AES por valor de «un millón de euros al año», recordó el regidor socialista. Por suerte, buena parte de ese dinero no se llega a abonar al descubirse la ‘trampa’. El resto sí se paga, pero los inspectores exigen la devolución del importe de inmediato.

Dar la cara

A partir de octubre, el Departamento de Intervención Social que dirige Peio López de Munain dará otra vuelta de tuerca a este sistema de control. «Será pionero en Euskadi», ensalzó el alcalde, «convencido» de que los vitorianos colaborarán con sus testimonios para luchar contra el fraude en las AES.

En resumen, los ciudadanos que estén seguros de que algún conocido cobra estas subvenciones de forma irregular deberán pedir cita para reunirse con un técnico municipal. Podrán hacerlo a través de un número de teléfono específico, por escrito, por correo electrónio o acudiendo en persona a las oficinas municipales. El Ayuntamiento hará públicos en los próximos días estas direcciones y números de teléfono.

Por lo demás, el sistema será sencillo. La persona se reunirá con el funcionario municipal en el despacho y a la hora acordada, le contará lo que sabe y se marchará. «La información será confidencial, pero habrá que darla de forma presencial. Y no habrá que presentar ningún documento, ni una foto ni nada por el estilo. Sólo contar de palabra lo que está pasando», resumió el primer edil para zanjar cualquier duda.

Los inspectores analizarán el caso y si descubren indicios suficientes de fraude actuarán «de oficio». Para ello, abrirán un expediente, intercambiarán datos con los funcionarios de otros departamentos municipales, con otras instituciones y con organismos como el Inem, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, la Hacienda foral o el Servicio Vasco de Vivienda. Después habrán una resolución.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian en estos momentos si es posible que esos ‘informadores’ sepan qué ha pasado con su testimonio después de la investigación. En definitiva, tratan de certificar «si sería legal» que el Consistorio les enviara una carta en la que los inspectores les indicaran «si al menos su colaboración ha tenido un resultado positivo o negativo».

«Esto no es jauja»

El regidor socialista explicó que su gabinete ha decidido dar este paso adelante porque no está dispuesto a permitir «que demos la sensación de que esto es jauja». Preguntado sobre el protagonismo de la inmigración en este tipo de ayudas, Lazcoz aseguró que «la inmensa mayoría de los que vienen de fuera buscan encontrar un trabajo para tener una situación regular. Así no están al socaire de ser expulsados a su país. Un programa social no es un empleo ni regulariza una situación».

Lo importante, según el equipo de gobierno, es que los ciudadanos «no piensen que parte de sus recursos se van a la basura porque no cumplen sus objetivos». Las ayudas sociales, en cualquiera de sus formas, deben ser «para quienes las necesitan. Algunos ni siquiera se atreven a pedirlas por vergüenza y otros las tienen de forma injusta».