Durante semanas Viviane Reding ha sido foco de todas las críticas por su pasividad frente a Francia ante la política de expulsiones de ciudadanos gitanos. Ayer, la vicepresidenta y responsable de justicia de la Comisión Europea quiso demostrar que no le tiembla el pulso. En una dura y contundente comparecencia advirtió a las autoridades galas que han cruzado el límite, que en breve se enfrentarán a un doble procedimiento de infracción por aplicar de forma discriminatoria la libre circulación de personas y por no trasponer correctamente las garantías procedimentales de la directiva. “Mi paciencia se está agotando. Basta ya. Ningún Estado miembro puede pretender un trato especial cuando los derechos fundamentales y la legislación europea están en juego”, advirtió aporreando el atril desde el que hablaba.

Y llámese Francia, sea una país grande o pequeño, su respuesta, dijo, será la misma porque la discriminación por motivos étnicos no tiene cabida en Europa y es incompatible con los valores sobre los que se basa la UE, incluida la Carta de Derechos Fundamentales firmada por todos los Estados miembros, incluida Francia. Y es que la irritación de Reding era más que palpable. Su enfado con el Elíseo de tal magnitud que llegó a la conclusión de que no se pueden fiar de las garantías dadas hasta ahora por el ministro de inmigración, Eric Besson, y el secretario de estado de asuntos europeos, Pierre Lellouche, con quienes se entrevistó hace menos de dos semanas. “Una parte del gobierno dice una cosa en Bruselas y otra parte hace otra en París”, criticó.

Su radical cambio de registro se debe a una circular del ministerio de interior francés, fechada el 5 de agosto, en la que se ordenaba priorizar el desmantelamiento de campamentos gitanos, justo lo que habían negado los citados miembros del Gobierno durante su encuentro. “Sólo puedo expresar mi más profundo pesar porque las garantías dadas por dos ministros franceses con capacidad para discutir con la Comisión Europea están en contradicción con una circular administrativa del mismo gobierno”, bramó. Y aunque esta misma circular fue corregida el pasado lunes, eliminando toda referencia a los gitanos, para Bruselas no es suficiente. “No es suficiente cambiar las palabras, las autoridades francesas también tienen que cambiar su actitud”, exigió. Y es que, la expulsión de cientos de gitanos de Francia no es una ofensa de poca importancia. “Tras 11 años de experiencia en la Comisión diría que es un vergüenza”, añadió.

“Asombro” en París Mientras tanto, desde el Gobierno francés respondieron ayer con asombro. “No es el momento de polémicas. Es el momento de trabajar en favor de la población gitana”, opinó el portavoz del ministerio de exteriores, Bernard Valero. Discrepancias y enfoques distintos al margen, Reding quiso ayer demostrar que tiene la sartén por el mango. Dice que está “personalmente convencida” de que la Comisión Europea no tendrá más remedio que abrir un procedimiento de infracción contra el gobierno que lidera Nicolás Sarkozy. Es más, recomendará al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, que aplique el proceso de urgencia para no perder tiempo. La decisión del colegio de comisarios podría estar lista en el plazo de dos semanas. Entonces se sabrá si Francia se enfrenta en el futuro al banquillo del Tribunal de Justicia y a sanciones de la Unión Europea.