El Gobierno francés no se da por aludido y continuará desmantelando campamentos gitanos. El ministro del Interior, Brice Hortefeux, ratificó ayer la continuidad de esta política que justifica por razones de «seguridad, salubridad y respeto a la propiedad privada».

En una agitada sesión parlamentaria posterior al anuncio de Bruselas, Hortefeux defendió la legalidad de su actuación porque «los campamentos ilícitos que constituyen una violación del derecho de propiedad deben ser evacuados cuando lo decide el juez». Según el ministro, eso es precisamente lo que hacen los prefectos y «no desalojamos los campamentos de gitanos por que sean gitanos. Los desmantelamos porque son ilegales».

Entre abucheos de la izquierda, Hortefeux recordó que algunos alcaldes socialistas han pedido erradicar asentamientos de este tipo porque no pueden «afrontar los problemas de seguridad y salubridad» que causan. El ministro firmó el lunes una circular en la que insta a los prefectos a «proseguir esta operación con respeto a la ley» sin mencionar a la etnia gitana. No comentó la iniciativa de la eurocomisaria, que el ministro de Exteriores calificó de «sorprendente».

Desde el 1 de agosto, la policía desalojó 441 campamentos ilegales. Ayer, 69 gitanos de origen rumano, entre ellos 12 niños, fueron repatriados desde Marsella a Bucarest.