LUIS BENVENUTY – Barcelona
La lucha contra la venta ambulante no autorizada está obligando a muchos ayuntamientos catalanes a afinar la imaginación. A veces con desigual fortuna. Lo ilustran los recientes culebrones de El Vendrell y Calafell. Yes que la vigilancia del espacio público es obligada, pero si no va acompañada de otras medidas sólo mitiga el problema, no lo resuelve. El Ayuntamiento de Barcelona está lanzando ahora un nuevo mensaje a los vendedores ambulantes de la ciudad: ese no es el modo de hacer del país su nuevo hogar.

Desde hace apenas un año, todos los inmigrantes que recurren a la vía del arraigo para solicitar su regularización en España están viendo como el informe municipal al respecto, no vinculante pero con un gran peso final, es negativo en caso de haber incumplido la ordenanza cívica al menos cuatro veces durante los últimos doce meses.

Entre muchos nouvinguts,sobre todo entre los de los estratos más necesitados y desinformados, aún campa la leyenda urbana de que cualquier papel oficial es bueno para demostrar la estancia en este Estado y, a la postre, para conseguir los anhelados papeles, que tanto vale una sanción como un carnet de la biblioteca.

De este modo, no es difícil encontrar asiáticos o subsaharianos, lateros o manteros que apenas balbucean el castellano, que piensan que la orden de expulsión o las sanciones administrativas de la Guardia Urbana que guardan en su bolsillo son en realidad la puerta a un futuro de estabilidad y progreso. Nada más lejos de la realidad. Esta equivocada creencia nació durante el último proceso de regularización abierto por el Gobierno, hace ahora unos cinco años, cuando una multa de tráfico podía servir para acreditar cuánto tiempo se llevaba viviendo en España.

Ello no quiere decir que los inmigrantes vayan a la búsqueda de la multa, sino que impera entre muchos de ellos cierta inconsciencia a la hora de ponderar las consecuencias futuras de las sanciones. Además, como muchos de ellos están empadronados en domicilios desconocidos, la amenaza económica no surte efecto. Pocos pagan las sanciones. Lo que pretenden las autoridades municipales es desincentivar a quienes se están pensando extender la manta, darles a entender que ese no es un camino de integración.

De las cerca de 6.300 personas que en el último año solicitaron al Ayuntamiento de Barcelona su informe de arraigo, 47 habían sido sancionadas de manera reiterada por incumplir la normativa municipal.

El Consistorio también busca desde hace tiempo la complicidad de los principales líderes de las comunidades asiáticas y subsaharianas establecidas en la ciudad ¿Su respuesta? Hay que dar alternativas laborales a los jóvenes. La existencia de manteros y lateros también demuestra que en esta sociedad hay más de una categoría de ciudadanos. Los hay de primera y de segunda.

El nuevo frente abierto por la administración local contra la venta ambulante ilustra cómo la lucha contra este negocio que perpetúa la explotación y empobrece la sociedad requiere de varias líneas de trabajo paralelas y simultáneas.

La policía municipal lleva decomisadas un millón de latas de cerveza desde el año 2006, así como un millón y cuarto de gafas de sol, bolsos, collares… Buena parte de esta cosecha se ha llevado a cabo, precisamente, en los últimos meses.

Y es que después de que la lucha contra la venta ambulante en la capital catalana tocara fondo el año pasado, cuando la impresión general era que los lateros gozaban de total impunidad en las calles más céntricas, un nueva actitud policial, así como una mayor y mejor colaboración entre los cuerpos de seguridad, está propiciando un punto de inflexión en esta guerra todavía lejos de resolverse.

Las nuevas tendencias, con todo, quedaron constatadas recientemente, en las últimas fiestas de Gràcia. En apenas tres días se incautaron tantas latas de cerveza como durante todas las fiestas del año pasado: más de 16.200 unidades. Entonces los Mossos d´Esquadra se involucraron más que nunca en esta labor. La presencia de lateros en esta fiesta de agosto fue muy inferior a la de otros años, y los incidentes de madrugada, también.

Ahora no es raro ver agentes de la Guardia Urbana por la Rambla con un lote de seis latas de latas de cerveza recién incautadas. Ni a personas multadas, o al menos advertidas, por beber alcohol alegremente en la calle, una circunstancia que desincentiva la compra. Pero la vigilancia del espacio público, apuntan fuentes municipales, tiene resultados limitados si no se actúa contra los centros de distribución y contra quienes realmente se enriquecen de este tinglado.

Los investigadores prefieren hablar de pequeñas redes en lugar de grandes mafias, sobre todo en lo que a los vendedores ambulantes de cerveza se refiere. Ofreciendo latas por las calles hasta bien entrada la madrugada acaban aquellos que entraron en el país en último lugar, muchos de ellos de una forma clandestina, y no hallan otra vía de supervivencia diferente a la que les ofrecen sus compatriotas más espabilados.

No es de extrañar que el último centro de distribución desmantelado en Ciutat Vella fuera también el hogar de media docena de lateros. Allí, en un almacén, los pakistaníes vivían entre neveras y colchones a cambio de pagar 300 euros al mes, un dinero que reunían vendiendo latas para su casero, el mismo que se las proporcionaba. La policía municipal decomisó las neveras y precintó el lugar como si se tratara de una pensión ilegal.

Las fuentes del Ayuntamiento explican que agentes de paisano de la Guardia Urbana comprobaron que buena parte de los manteros del Park Güell recogían sus artículos – y la manta ya preparada-de una furgoneta que rondaba de manera permanente por los alrededores. Los agentes municipales procedieron a seguir la furgoneta a fin de localizar el verdadero centro de distribución de los productos falsificados, pero el vehículo se dirigió a Sant Adrià de Besòs, y luego a Badalona. Por ello la colaboración entre cuerpos es fundamental.

Aún queda mucho por hacer, entre otras cosas concienciar a los compradores. La ordenanza cívica ya prevé multas para los clientes, siempre y cuando sean sorprendidos in fraganti. El Ayuntamiento entiende que convencerlos por las buenas tiene mucho más futuro que amedrentarlos.