LLUÍS URÍA – París. Corresponsal
La campaña de desmantelamiento de campamentos gitanos desencadenada este verano por el Gobierno francés tenía como objetivo “prioritario” a los roms – gitanos originarios de Rumanía y Bulgaria-en tanto que integrantes de dicha comunidad, en contra de lo argumentado por París para defenderse de las críticas internacionales. Alrededor de un millar de gitanos rumanos y búlgaros han sido repatriados desde finales de julio en el marco de esta operación, censurada por el Papa y la Iglesia, las instituciones europeas y la ONU. Justamente ayer la Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, calificó de “preocupante” la política de Francia en este terreno, que a su juicio contribuye a “exacerbar la estigmatización” de los gitanos.

“Francia no ha tomado ninguna medida específica respecto a los roms,quienes no son considerados en tanto que tales sino como ciudadanos del país del que poseen la nacionalidad”, aseguró la semana pasada el ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ante la condena emitida por el Parlamento Europeo. La realidad, sin embargo, es bien distinta. Una circular del Ministerio del Interior, fechada el 5 de agosto y dirigida a los prefectos y a los máximos responsables de la Policía y la Gendarmería, pone en evidencia que el objetivo primordial de la campaña contra los campamentos gitanos ilegales fueron desde el principio los roms y ningún otro colectivo. Besson, en falso, tuvo que admitir ayer que no conocía la circular de su colega de Interior, Brice Hortefeux.

“El presidente de la República fijó objetivos precisos, el pasado 28 de julio, para la evacuación de campamentos ilegales: 300 campamentos o asentamientos ilegales deberán haber sido evacuados de aquí a tres meses, prioritariamente los de los roms”,arranca la controvertida circular, firmada por delegación de Hortefeux por su director de gabinete, el prefecto Michel Bart. En las tres páginas que ocupa la circular – anexos aparte-,la palabra roms es citada nueve veces. La última vuelve a ser inequívoca: “Los prefectos de zona se asegurarán, en su zona de competencia, de la realización mínima de una operación importante por semana (evacuación, desmantelamiento, expulsión) que concierna prioritariamente a los roms”.

La controvertida circular, que ha levantado una gran polémica política en Francia, no hace más que traducir en el papel el espíritu del discurso que pronunció Nicolas Sarkozy a finales de julio sobre seguridad en Grenoble, donde citó explícitamente a los rom.Pero en este país, donde sólo el individuo tiene personalidad legal, toda actuación de los poderes públicos hacia una comunidad determinada en tanto que tal contradice de forma flagrante los propios principios republicanos.

El Partido Socialista puso el grito en el cielo y, por boca del secretario nacional y eurodiputado Harlem Désir, reclamó la retirada de la circular – que calificó de “símbolo de una política xenófoba”-y pidió a la Comisión Europea que abra un procedimiento de infracción contra el Gobierno francés “para que cese el tratamiento indigno y la estigmatización inaceptable de los ciudadanos europeos que son los roms”.El ex primer secretario del PS François Hollande consideró la instrucción “inmoral e ilegal”.

De forma análoga, el Grupo de Información y Apoyo a los Inmigrantes (Gisti) anunció por su parte la presentación de un recurso el Consejo de Estado para que anule la orden. La circular “apunta a un grupo de personas en razón de su pertenencia a una comunidad; se trata de una incitación a la discriminación”, declaró el presidente de esta organización, Stéphane Maugendre.