«Se están incumpliendo los convenios de cogestión que se firmaron con el Gobierno central en el año 2007». Con estas palabras resumió la consejera de Bienestar Social la decisión del Ejecutivo de Zapatero de recortar las partidas sociales en un año «que ha sido especialmente duro», máxime si se tiene en cuenta que se redujo el presupuesto en más de un 50 por ciento y que todavía no se ha remitido desde Madrid el convenio que contemplaba una partida específica para servicios sociales. «Todavía no nos han mandado el convenio de cogestión en materia de servicios sociales, un convenio que incluye una partida de, aproximadamente, 2,1 millones de euros pero, además, ya hemos perdido más de un millón de euros para la atención de menores, un recorte importante que nos lleva a preguntarnos dónde está realmente esa política social de la que siempre le ha gustado tanto presumir al Gobierno del PSOE», criticó María Antonia Garbín.

En el caso de la inmigración, esa reducción ha llegado al 70 por ciento, de ahí que el Ejecutivo autónomo decidiese en su día mantener determinados programas «vitales» para Melilla, «una ciudad fronteriza con un importante índice de inmigración». Aunque se optó por asumir algunos costes, aseveró la consejera que, con cargo al presupuesto de 2011, se tendrán que analizar todos los programas para que sólo se desarrollen aquellos que sean «fundamentales». Qué duda cabe que lo que no cambiará será el capítulo que reserva una partida para prestaciones básicas, «porque, evidentemente, este Gobierno seguirá apostando por su continuación».

«No se entiende cómo ha sido posible que el Gobierno central haya acordado un importante recorte en partidas sociales que eran fundamentales en la ciudad, sobre todo cuando han aumentado en un 20 por ciento las prestaciones básicas», determinó.