España es el país de la UE con mayor incremento de la inmigración, según reflejan los datos de Eurostat, que ponen de relieve que la población extranjera en España ha crecido en cinco millones de personas de 1999 a finales de 2009.

Ese crecimiento se intensificó en el periodo comprendido entre 2003 y 2008, en que el número de extranjeros aumentó en más de tres millones de personas. La etapa corresponde a la primera legislatura del PSOE, en la que el entonces ministro de Trabajo, Jesús Caldera, impulsó regularizaciones masivas.

En todo ese periodo, se registraron entradas superiores al medio millón de extranjeros al año, mientras que otros países como Francia e Italia introducían medidas restrictivas que limitaban la inmigración.

España es ahora el segundo país de la UE en población extranjera, con 5,7 millones de personas. El primero es Alemania, con 7,2 millones entre 82 millones de habitantes. Reino Unido, Francia e Italia están por debajo de los cuatro millones de extranjeros. La comparación de estos datos es impresionante, ya que España aventaja en número de inmigrantes a esos tres grandes países con una población muy superior a la nuestra.

En términos porcentuales, el 12,3% de la población de España es extranjera. Ello supone el doble de la media europea, igual que sucede significativamente con la tasa de parados. Hace diez años, los extranjeros apenas representaban el 2% de la población española, un porcentaje que se ha multiplicado por seis, lo que no tiene precedentes en ningún país del mundo.

España supera ya netamente a todo su entorno y saca una importante ventaja a los otros cuatro grandes países de la UE: Alemania tiene un 8,8% de población extranjera, en Francia, se sitúa en el 5,8%, en Italia, en el 6,5% y en Gran Bretaña, en el 6,6%. España sólo es aventajada por Luxemburgo, Chipre, Letonia y Estonia, cuatro países en los que hay otras causas que no son la inmigración que explican el alto número de residentes extranjeros.

Lo que ha sucedido en esta última década es que Alemania ha logrado contener la inmigración, que incluso ha bajado en términos absolutos desde 1999. Francia ha tenido un incremento moderado, cifrado en medio millón de personas, pero España ha dado el enorme salto de pasar de 648.000 extranjeros en 1999 a 5,7 millones en 2009. De esta cifra, el 12% son rumanos, el 11% de Marruecos y el 7% de Ecuador.

Es pronto todavía para saber cómo ha incidido la crisis en el comportamiento de los flujos migratorios hacia Europa, aunque todo indica que se ha frenado notablemente a lo largo de este año, al menos en España.

En cualquier caso, las estadísticas de Eurostat reflejan la disparatada política de inmigración del Gobierno socialista en la primera legislatura en la que se concedían permisos de residencia a personas que presentaban un simple recibo de la luz.

De aquellos polvos vienen estos lodos. Ahora hay que dar trabajo y cobertura social a esos tres millones de personas que entraron por el efecto llamada de la política de inmigración de Caldera y al calor de una buena situación económica que ya no existe.

Los datos de Eurostat ponen de relieve la necesidad de mantener una política restrictiva de inmigración, que, evitando cualquier connotación racista, tienda a estabilizar esa cifra de 5,7 millones de personas, que es altísima y desmesurada para un país como España. Sobra demagogia y falta realismo para abordar este gran problema de la inmigración