parís. El Gobierno francés llevó ayer al Senado su polémico plan de refuerzo de la lucha contra la delincuencia, en el que se incluye el endurecimiento de las penas para quienes atenten contra la autoridad pública, como policías, gendarmes o funcionarios de prisiones.

El proyecto llega al Senado después de que este verano las intenciones del presidente Nicolas Sarkozy, de incluso retirar la nacionalidad a franceses naturalizados que atenten contra la autoridad pública, suscitara una amplia polémica con la oposición socialista.

En lo que afecta a la eventual retirada de la nacionalidad francesa será otro texto, examinado en el Parlamento a finales de mes, el que aborde la cuestión, aunque ésta ha influido también sin duda en el debate del refuerzo de la lucha contra la delincuencia que ayer comenzó en el Senado.

El ministro francés de Interior, Brice Hortefeux, aseguró que el Gobierno pretende, con este plan, abrir “una nueva etapa para la protección de nuestros compatriotas” y que la reforma es una “estrategia global de acción”. “La delincuencia evoluciona y por eso hay que adaptarse”, advirtió el ministro quien, no obstante, aseguró que “en el 93% de los casos los criminales son identificados, detenidos y transferidos a la justicia”.