El presidente francés, Nicolas Sarkozy, reiteró ayer su «voluntad inflexible» de seguir adelante con sus medidas contra la inmigración ilegal y la delincuencia. El líder galo expresó su deseo de poner en marcha «cuanto antes» todas las iniciativas anunciadas por él el pasado 30 de julio en Grenoble, entre las que también destaca su determinación de retirar la nacionalidad a los franceses de origen extranjero que «atenten contra la vida de una persona depositaria de una autoridad pública, en particular policías y gendarmes».

El mensaje quedó recogido en un comunicado del Elíseo después de una reunión mantenida entre Sarkozy con el primer ministro, Francois Fillon, y el titular de Interior, Brice Hortefeux. En el texto, el Gobierno precisa que la poligamia ya no será un motivo de pérdida de la ciudadanía francesa, tal y como se había sugerido inicialmente. Sí se contempla esta sanción para los asesinos de miembros de las fuerzas de seguridad del país, que hayan cometido el delito diez años después de haber adquirido la nacionalidad.

Las autoridades galas anunciaron, además, de que se está llevando a cabo una reforma en la ley para facilitar la expulsión de extranjeros en situación ilegal bajo «ciertas circunstancias», entre las que se encuentra constituir una amenaza para el orden público, carecer de medios de subsistencia o el abuso del derecho de libre circulación.

Sarkozy quiere ampliar también la vigilancia judicial mediante el brazalete electrónico en el caso de los reincidentes que hayan cumplido condena. Asimismo, manifestó la necesidad de fijar «una pena de prisión de 30 años, sin posibilidad de reducción a los asesinos de policías y gendarmes». El Ejecutivo espera que todas las propuestas entren en vigor a finales de 2010, pero antes deben contar con el visto bueno del Parlamento. «Estas nuevas disposiciones han sido elaboradas con el escrupuloso respeto a los principios republicanos, de la jurisprudencia del Consejo Constitucional y del Derecho Europeo y deben ser aplicadas bajo los mismos principios», subrayaba la nota.

París se convirtió a su vez ayer en el anfitrión de un encuentro en el que participaron ministros canadienses y de países europeos como Grecia, Italia, Reino Unido, Alemania y Bélgica. Debatieron sobre los problemas de la inmigración irregular y del derecho de asilo.