El presidente francés, Nicolas Sarkozy, confirmó ayer sus planes de retirar la nacionalidad a franceses de origen extranjero que atenten contra policías y gendarmes, y de llevar a cabo una reforma legal que permita expulsar a inmigrantes en situación irregular.

El Palacio del Elíseo – sede de la Presidencia de Francia – detalló en un comunicado que durante los diez primeros años tras la adquisición de la nacionalidad se les podrá retirar a los naturalizados franceses de origen extranjero que hayan atentado contra la vida de policías y gendarmes.

La calificación penal de esos atentados contra representantes de la autoridad pública se endurecerá, y sus autores recibirán castigos de 30 años de prisión, condena que no podrá ser reducida, y se añade que se fijarán penas mínimas para los autores de delitos violentos en circunstancias agravadas.

En contra de lo que pretendía el ministro del Interior, Brice Hortefeux, finalmente no se retirará la nacionalidad a los naturalizados condenados por poligamia, según explicó el titular de Inmigración, Eric Besson, porque después de un examen jurídico se ha considerado que esa posibilidad sería censurada por el Consejo Constitucional. No obstante, Besson avanzó ante la prensa que se van a “agravar las penas” por poligamia.

El ministro de Inmigración también descartó que en la enmienda preparada al proyecto de ley sobre la nacionalidad que desde finales de mes va a defender ante el Parlamento se vaya a incluir – como se había comentado – una disposición para dificultar la adquisición de la nacionalidad de los hijos de extranjeros nacidos en Francia.

Esa cuestión, puntualizó, “necesita un examen en profundidad” y para ello se designará una comisión o una personalidad. Besson advirtió, en cualquier caso, que la idea de limitar el ius solis (derecho del suelo, el que atribuye la nacionalidad en función de dónde se ha nacido, en lugar de que dependa del origen de los padres del niño) “no se va a enterrar”.