El censo oficial habla de que en «El Gallinero» hay levantadas 70 chabolas. Son todas infraviviendas, aunque las hay que funcionan como salas de billar.
Los cálculos hablan de que el asentamiento podría contar con entre 200 y 300 personas, aunque se trata de una población muy itinerante.
La Jefatura Superior de Policía de Madrid está pisando fuerte en la lucha contra la delincuencia en el foco marginal que representa el poblado de «El Gallinero», a dos pasos de la Cañada Real, a la altura de Valdemingómez (Villa de Vallecas), y principal asentamiento en la región de gitanos rumanos. Según ha podido saber ABC, se está llevando a cabo un plan de actuación consistente en la apertura de expedientes de expulsión a aquellos delincuentes multirreincidentes allí radicados, que no son pocos. La comisaría del distrito y la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación están trabajando mano a mano para que aquellas personas «conflictivas para la seguridad ciudadana» regresen a su lugar de origen. Fundamentalmente, se trata de gente procedente de áreas como Braila o Tandarei, en la zona oriental de Rumanía.
Desde el pasado mes de abril, el método de actuación policial en el poblado está cambiando. Habida cuenta de que los archivos policiales desvelan una llamativa acumulación de detenciones de vecinos de «El Gallinero», no hay duda de que se ha convertido en un foco de delincuencia que prácticamente afecta a todos sus integrantes. Lo que se está haciendo es aplicar la Ley de Extranjería, que permite la repatriación de reincidentes o delincuentes peligrosos aun cuando se trate de ciudadanos comunitarios, como es el caso de los rumanos desde el 1 de enero de 2007.
El proceso que la Policía Nacional está siguiendo es, en líneas generales, el siguiente. Cuando se detecta el caso de alguien del asentamiento que acumula un número considerable de detenciones, se elabora un informe pormenorizado sobre su «carrera» delictiva en España. En él se da buena cuenta de sus reseñas policiales y el peligro que supone su permanencia en nuestro país. Esta descripción específica se envía a la Brigada Provincial de Extranjería, que es la encargada de incoar el pertinente expediente de salida de España.
El punto en el que se encuentra el proceso a día
de hoy es el de alegaciones. Los afectados por los expedientes tienen un periodo para presentar recursos contra éstos, aunque, según las fuentes consultadas por este periódico, parece que no están por la labor. Y están convenientemente informados de ello: una vez se incoa la repatriación, los agentes de Villa de Vallecas se lo notifican a estas personas. Son ya más de una treintena los que se han emitido, por lo que estaríamos hablando de entre el 10% y el 15% de la población de «El Gallinero».
A la espera de resolución
Lo que queda ahora es que la Delegación del Gobierno resuelva los expedientes; es decir, que ordene (o no) la salida de España de estas personas. En un primer momento tendrían la opción de abandonar el país de manera voluntaria; si no fuera así, habrían de hacerlo obligatoriamente. El Real Decreto de 16 de febrero de 2007 sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de la UE especifica que podrán ser expulsados aquellos que presenten «motivos graves de orden público o seguridad pública». En la valoración de los expedientes se tienen en cuenta «la duración de su residencia e integración social y cultural en España, su edad, estado de salud, situación familiar y económica, y la importancia de los vínculos con su país».
Por lo tanto, lo que se hace es cumplir con el marco legislativo. Habida cuenta de ello y de que, además, esta actuación específica se está realizando desde hace casi cinco meses, nada tiene que ver con la situación que se vive en Francia: el Gobierno de Nicolás Sarkozy está deportando a miles de gitanos rumanos y búlgaros que habitan en asentamientos ilegales.
El caso madrileño es distinto. Lo que se hace es perseguir a delincuentes. «El Gallinero» está convirtiéndose en uno de los principales epicentros de actividades delictivas. Robos con fuerza en naves industriales, empresas, de material de obra y, sobre todo, de cable de cobre son los principales problemas delictivos
que se concentran en el poblado. Los expedientes incoados corresponden a personas con más de veinte y treinta arrestos a sus espaldas: los mencionados robos, pero también agresiones, casos de malos tratos e, incluso, alguno de agresiones sexuales entre residentes en el poblado.
Otro asunto es la situación en que malviven los menores de edad. Aunque el censo poblacional en «El Gallinero» es fluctuante, se habla de que la mitad de los entre 200 y 300 habitantes del asentamiento son niños. Sus familiares los utilizan para que acudan al centro de Madrid a practicar, principalmente, hurtos, muchos de ellos en la red de Metro.
El Defensor del Menor, Arturo Canalda, en su exposición de la memoria anual ante la Asamblea de Madrid en noviembre de 2009, advertía del riesgo grave de exclusión en que se encuentran. El absentismo escolar, pese a los planes puestos en marcha, es prácticamente total. La escolarización de estos chavales, por lo tanto, es casi imposible. La Comunidad de Madrid puso en marcha en el distrito de Latina un centro socioeducativo para escolarizarlos. En febrero de 2009, había 56 matriculados —el censo total de menores en el poblado era de 87—, según los primeros informes de la Consejería de Educación.
Operaciones y controles
Mientras, la otra faceta policial, la del trabajo diario en la zona, continúa. Son habituales las actuaciones que se realizan en el asentamiento, algunas de las cuales se han practicado recientemente. En julio de 2009, salió a la luz la operación «Gallinero», en la que la Guardia Civil desarticuló una organización dedicada al robo de cable de cobre: detuvo a 55 personas e intervino 20 toneladas de este material, además de 31 vehículos y cuatro armas de fuego. Se les imputó su participación en más de 50 sustracciones en cinco comunidades autónomas: Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Valencia y Andalucía.
Pero, a raíz de este mazazo policial, las bandas de delincuentes rumanos de la zona
comenzaron a reinventarse. La operación «Combo», de hace tres meses, puso en contraste la miseria del asentamiento con las televisiones con TDT y DVD integrados que se apilaban en las chabolas.
Los controles de la Policía Nacional tampoco cejan. Siguen los cacheos, los controles en los accesos, las redadas, las identificaciones, los registros en los vehículos… Todo para que la delincuencia no se expanda y lograr descabezarla.
Aproximadamente, la mitad de los residentes son menores. Sufren un enorme riesgo de exclusión social, pues practican la delincuencia y la mendicidad.