El Gobierno francés respondió hoy a las críticas de un Comité de la ONU a su política de expulsiones de gitanos asegurando que esa política respeta “escrupulosamente” la legislación europea y sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Los gitanos rumanos o búlgaros son ciudadanos de la Unión Europea (UE) y disfrutan, como los demás, de la libertad de circulación en el territorio de los Estados miembros pero no gozan de “un derecho incondicional de estancia”, precisó el portavoz del ministerio galo de Exteriores, Bernard Valero.

Añadió que, tras la adhesión de un nuevo socio, el derecho comunitario “prevé dos límites” a la prolongación de la estancia en otro país de la Unión: “el respeto del orden público” y contar con “recursos suficiente para no representar una carga excesiva al sistema de asistencia social del Estado miembro de acogida”.

En el caso de los gitanos que está expulsando Francia, Valero resaltó en que estaban residiendo de forma ilegal en territorio francés y precisó que, en la gran mayoría de los casos, aceptan voluntariamente volver a su país con “una ayuda específica” de 300 euros por adulto y 100 euros por menor.

Desde el Vaticano

El secretario del Consejo Pontificio para los Emigrantes, Agostino Marchetto, recordó que los gitanos “también fueron víctimas de un Holocausto” y que todavía hoy “viven huyendo de quien les persigue”.

La Iglesia católica ha dejado clara su posición contraria desde el primer momento en que el Gobierno de Nicolas Sarkozy empezó a expulsar a los gitanos de su territorio.