Madrid – Desde que se inició la tramitación de la Ley de acogida son muchas las asociaciones que la han rechazado, ahora esperan que el Tribunal Constitucional (TC) la frene. «Es una ley anticonstitucional que sólo perjudica a los inmigrantes, no hay ningún lugar en España en el que se exija el castellano para obtener la residencia», denuncia Francisco Caja, presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana (CCC). Para los integrantes de la Asociación por la Tolerancia, se trata un «chantaje» para los extranjeros, «se les ha hecho creer que si no saben catalán no van a conseguir nada», señala Eduardo López – Dóriga, presidente de la organización. Para Jorge Campos, presidente de la asociación Círculo Balear, la normativa es «una auténtica barbaridad». Las entidades que apoyan el castellano en Baleares sólo ven una solución: «Los ciudadanos tienen la llave para cambiar esta situación en las urnas». Desde la Comunidad Valenciana recuerdan que fueron ellos los pioneros en tener Ley de acogida. Pero la suya no impone el valenciano, ya que el aprendizaje es voluntario.