Los principales agentes implicados en el fenómeno del «top manta», se reunirán la próxima semana en Barcelona —en día por confirmar— para abordar el tema que estos días ha causado tanto revuelo en El Vendrell y Calafell (Tarragona) a raíz del pacto al que han llegado estos dos ayuntamientos con los vendedores ambulantes ilegales, los «manteros» para que vendan sus productos en una zona determinada del pueblo.
Después que el alcalde de El Vendrell, Benet Jané, asegurase que su municipio no puede hacer frente a este fenómeno, ya que no tiene recursos policiales ni económicos, y cargase contra la Generalitat y el Gobierno, porque son ellos quien deberían solucionar el problema, el consejero de Interior, Joan Saura, ha decidido reunir a representantes del mundo municipal, del comercio y la inmigración de la administración local, catalana y estatal. En dicho encuentro, se supone que se adoptará una postura conjunta para coger las riendas de la situación, que no sólo afecta a estas dos localidades costeras, sino que es un problema «global», como apuntaba hace el alcalde de El Vendrell.
Mientras tanto, los comerciantes de estas dos localidades siguen muy molestos por la «solución» que han aportado sus ayuntamientos para hacer frente a la venta ambulante y amenazan con tomar acciones legales si no se retira esta medida de manera inmediata, ya que «promueve la ilegalidad» según explicaban.
Cuestión de legalidad Por contra, según los alcaldes, con esta medida se consigue retirar la frecuente mala imagen de altercados entre policías locales y vendedores que tenían que presenciar los turistas y vecinos. Aun así, los comerciantes aseguran que no es cuestión de imagen sino de legalidad.
Por otra parte, desde la Generalitat, el consejero de Innovación, Universidades y Empresa, Josep Huguet, responsable de Comercio y Turismo, manifestó que la imagen que dan los «manteros» no es
beneficiosa, ya que plasman una situación de «país en vías de desarrollo» y de «economía sumergida» y en este sentido, pidió más coordinación entre las diferentes administraciones implicadas, incluso la suya, para abordar el tema.
Por su lado, el delegado de la Generalitat en Tarragona, Xavier Sabaté, afirmó entender la postura de los alcaldes «que se ven incapaces de hacer frente al tema», pero aseguró comprender también a los comerciantes. Aun así, instó a los ayuntamientos catalanes a tomar una misma posición, para evitar que se produzca un efecto llamada «que nadie deseamos». Sabaté reconoció que este es un tema complejo y que se han de tomar medidas, pero que una de ellas pasaría por concienciar a los ciudadanos que este es un fenómeno «con el que no tienen que colaborar» comprando los productos o servicios de los vendedores ambulantes ilegales.
En la misma línea habló el presidente de la Federación de Municipios de Cataluña, Manuel Bustos, que aseguró que respeta la decisión de los ayuntamientos si así se garantiza la convivencia y bienestar, pero no la avala, al tratarse de una práctica que no está dentro de la legalidad.