POCO ha importado a los nacionalistas que haya sido María Luisa Cava de Llano, Defensora del Pueblo en funciones, quien ha recurrido ante el Constitucional la Ley catalana de Acogida de Inmigrantes. Instalados en su inopia intelectual, arremetieron ayer con saña contra su antecesor, Enrique Múgica. El consejero de Innovación, el republicano Huguet, lo tachó de «falangista», mientras que el presidente de ERC, Puigcercós, dijo de él que es «el mejor aliado del racismo y la xenofobia». Teniendo en cuenta que Múgica cesó en el cargo el 30 de junio y que su sustituta ha presentado el recurso el 13 de agosto, queda patente la manipulación de los independentistas.

La responsabilidad en este caso de Múgica se limita a haber recogido la denuncia de un diputado del Grupo Mixto en la Cámara catalana, José Domingo, y dejarla prudentemente en un cajón hasta que se conociera la sentencia sobre el Estatuto, pues el fallo del Constitucional podría tener consecuencias sobre esa Ley de Acogida, como así ha sido. El dictamen se conoció el 28 de junio, dos días antes del cese de Múgica, pero el contenido del mismo no se hizo público hasta bien entrado julio, de manera que la participación del ex Defensor del Pueblo en la tramitación del recurso contra el que ahora abominan los nacionalistas es casi anecdótica.

En este nuevo episodio de victimismo que trata de escribir el nacionalismo catalán hay dos asuntos a abordar: el ataque a Múgica y el recurso en sí. El primero se explica por el temor que los independentistas tienen a que alguien de probada integridad, con una trayectoria de demócrata intachable y símbolo de la lucha por las libertades sea combativo con el nacionalismo. Por eso intentan manchar su reputación, pese a que si hoy Huguet y Puigcercós pueden dedicarse a la política es gracias a personas como Múgica. Cuando ellos aún no sabían quién era Franco, él ya había estado en la cárcel por enfrentarse al régimen. Sorprende que Puigcercós se mostrara ayer tan duro con el vasco durante su visita a las fiestas del barrio de Gràcia y no tuviera ni una sola palabra de condena para el homenaje que grupos radicales preparan allí a la colaboradora de ETA Laura Riera.

Respecto a la cuestión de fondo, lo que se discute es si el catalán puede imponerse como primera lengua de acogida a los inmigrantes. No lo parece. La sentencia del Constitucional ya ha dejado claro que no cabe fijar el catalán como lengua «preferente», pues eso supondría marginar el castellano, que es la única lengua oficial en todo el Estado. Pero es que el Alto Tribunal también ha negado a la Generalitat la «competencia exclusiva en materia de primera acogida» de inmigrantes.

Además, representantes de las asociaciones de inmigrantes aseguraron ayer que el catalán «no debe ser requisito que impida la integración laboral», y por eso salieron en defensa del recurso presentado ante el Constitucional. Para estas entidades, «no se puede exigir a los inmigrantes algo más [aprender catalán] que al resto de los ciudadanos» para poder trabajar.

Sin embargo, la consejera de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat, Carme Capdevila, también de ERC, ya ha asegurado que la norma no sufrirá «ninguna modificación», y que se desarrollará «a pesar de la sentencia del Constitucional». En un comunicado emitido ayer, Capdevila rechazó el recurso de la Defensora del Pueblo señalando que la Ley de Acogida cuenta con el aval del Consejo de Garantías Estatutarias, como si ese organismo estuviera por encima del Constitucional. Nuevamente vuelve a echarse en falta un toque de atención del PSOE a sus socios de Gobierno en Cataluña y una posición nítida del Ejecutivo español en defensa de las reglas de nuestro Estado de Derecho.