El endurecimiento de las medidas contra los gitanos anunciado hace dos semanas por Nicolas Sarkozy ha dado ya sus frutos: 40 campamentos desmantelados, según anunció ayer el ministro del Interior, Brice Hortefeux, mientras el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU (Cerd) denunciaba en Ginebra «el recrudecimiento del racismo y la xenofobia» en Francia.

Hortefeux tiene previsto enviar a unas «700 personas a sus países de origen» en vuelos «especialmente fletados» para esas expulsiones, según apuntó durante una visita a Lyon. El ministro expresó su deseo de que policías rumanos «vengan en cuanto sea posible» a Francia para «ayudar a los agentes y gendarmes franceses».

A finales de julio, el ministro anunció el desmantelamiento de la mitad de los 300 campamentos ilegales de gitanos en Francia en los tres próximos meses. Era el primer paso de la mano dura prometida por Sarkozy contra los 15.000 gitanos de Francia. Con una popularidad bajo mínimos por una situación económica que no acaba de mejorar, los gitanos dieron la excusa perfecta a Sarko para desviar la atención pública de esas polémicas.

El 18 de julio, un grupo atacó una gendarmería del centro del país tras la muerte de un joven de la comunidad gitana por los disparos de un gendarme al no haberse detenido en un control policial. El incidente originó la decisión del presidente, que después apretó más las tuercas al anunciar nuevas medidas de seguridad en un discurso en el que equiparó criminalidad e inmigración, levantando así las denuncias de las asociaciones pro derechos humanos. «Las medidas de Sarkozy sólo refuerzan ese cliché; es muy peligroso en tiempos de crisis, porque sólo exacerba los fantasmas que tenemos los unos contra los otros», según Coralie Guillot, de la asociación Parada France. Esta voluntaria no ha visto «tantas expulsiones como en estos dos meses. Los envían a Rumanía; semanas después vuelven a Francia o se instalan en otros países. Y eso sólo crea más precariedad». En 2009, unos 10.000 gitanos fueron expulsados a Rumanía y Bulgaria pero dos tercios regresaron a Francia. Tamara Lowy, de la asociación Gisti, explica a EL MUNDO que «la expulsión de los campamentos y la del país son dos medidas diferentes, no relacionadas entre sí».

Los campamentos son desmantelados porque son ilegales. En el caso de la expulsión del país, la policía se basa en los fichajes por robo, fraude o mendicidad. Los gitanos que no han cometido delitos deben aceptar voluntariamente su repatriación al país del que dicen ser originarios, generalmente Rumanía, que cuenta con la minoría gitana más importante de Europa (530.000 personas, según un censo de 2002, 2,5 millones, según las ONG).