El estado de Florida anunció ayer que buscará endurecer sus leyes de control de la inmigración ilegal y dotar a la Policía de mayores facultades para detener a personas sospechosas de ser indocumentadas.

La normativa que se pretende aprobar, impulsada por la Gobernación de Florida, permitiría a la Policía indagar el estatus migratorio de una persona que fue detenida, por ejemplo por una infracción de tránsito, una facultad reservada hasta ahora a las autoridades migratorias.

La ley obligaría a un oficial de Policía “a controlar si el estatus migratorio de una persona es legal o no”, dijo el ministro de Justicia de Florida, Bill McCollum, republicano que se candidatizó a la Gobernación para las elecciones de noviembre y que aseguró que este estado “no será un santuario para inmigrantes ilegales”.

El proyecto de ley se presenta luego de una fuerte controversia por una legislación similar aprobada en Arizona, pero podría ir más lejos que esta, al proponer que los jueces tengan en cuenta la violación de la norma migratoria al fijar una fianza, o para elevar el grado de cargos criminales.

Es decir que la legislación establecería que la condición de indocumentado sería un agravante para las sentencias, de forma que si quien comete un delito en Florida es además un inmigrante ilegal se le aumentaría la pena en prisión.

“Esta legislación va a proveer nuevas herramientas para proteger a nuestros ciudadanos y ayudará a combatir los problemas actuales creados por la inmigración ilegal”, dijo McCollum, al anunciar el proyecto.

El funcionario explicó que para requerir el estatus migratorio de alguien la Policía debe tener “una sospecha razonable” de que esa persona está ilegalmente en EE.UU. y no trazar el perfil de alguien solo porque su aspecto le resulta sospechoso. Tiene que ser “alguien que no presente la libreta de conducir, sus papeles” o por una causa justificable, dijo el Ministro de Justicia de Florida.

Para evitar problemas, toda persona que no sea ciudadano estadounidense debe llevar sus papeles migratorios para comprobar que se encuentra legalmente en el país.

Asimismo, la futura ley reforzaría los controles para contratación de inmigrantes y obligaría a las empresas a utilizar un sistema electrónico para comprobar que la situación migratoria de los empleados que contratan es legal.

Organizaciones de inmigrantes estiman que unos 11 millones de inmigrantes indocumentados residen en EE.UU., la mayoría hispanos, que viven en estados del sur como Arizona, Texas y Florida.

En Arizona, una polémica ley que criminaliza la inmigración ilegal entró en vigor en julio en medio de protestas y un fuerte debate en Estados Unidos en el que intervino hasta el presidente Barack Obama, contrario a la medida, y quien prometió una reforma migratoria integral que regularice a los indocumentados.