Los ayuntamientos de El Vendrell y Calafell han abierto el melón del llamado top manta, un fenómeno que no es nuevo, pero que con su llegada a pequeñas poblaciones en los últimos años se ha convertido en un verdadero problema. Ambos consistorios, sin competencias en la materia, han optado por tolerar esa actividad ilegal a condición de que no se desarrolle en las zonas más comerciales, sino en las afueras. De esa forma, tratan de evitar el perjuicio más directo a los comerciantes locales, y que se repitan los enfrentamientos y los conflictos de orden público de otros veranos entre vendedores y policías. No parece que la decisión haya cosechado muchas adhesiones, ni en el comercio ni en los sin papeles, si bien entre estos últimos algunas voces apuntan que la iniciativa podría ser el comienzo de la regularización y, en consecuencia, de su despenalización.

Lo razonable sería aplicar la ley, y no dar un trato igualitario a quienes practican la venta ambulante ilegal y a quienes lo hacen pagando impuestos y tasas. Dado que no existe un criterio unánime sobre cómo afrontar el asunto, debido en parte a que quienes practican el top manta están en situación de pura subsistencia, y para evitar que cada pueblo tenga una política distinta –ahí tenemos los casos de Salou y Cambrils, que luchan abiertamente contra el fenómeno–, sería conveniente apoyar una postura unánime de todos los ayuntamientos. La idea de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de buscar una alternativa conjunta podría suponer un paso adelante para dar con la solución.