El Gobierno va a mantener la tradicional diplomacia de guante blanco con Marruecos, pero al tiempo quiso dejar claro a las autoridades de Rabat que sus reiteradas denuncias contra los policías españoles que vigilan la frontera de Melilla por supuestos comportamientos «racistas» carecen de fundamento.

José Luis Rodríguez Zapatero, a la salida de su primer despacho oficial con el Rey en Palma de Mallorca, mostró la voluntad de su gabinete de «informar, aclarar y dialogar» cuanto sea preciso con las autoridades del país vecino sobre este asunto, pero, «por supuesto», matizó, «desde el convencimiento de que nuestras fuerzas de seguridad actúan con la máxima corrección».

Diálogo y firmeza fue la respuesta de Zapatero a la avalancha de quejas oficiales del Ministerio de Exteriores marroquí sobre los policías y guardias civiles que controlan los puestos fronterizos entre ambos países, que la diplomacia española no sabe muy bien a qué atribuir después de más de un lustro de buenas relaciones entre ambos estados.

El Ejecutivo marroquí comenzó la emisión de notas en julio, con dos escritos, y desde la semana pasada ha remitido otras tres más, acompañadas en este caso de protestas de grupos sociales afines ante edificios españoles en ese territorio. El departamento dirigido por Miguel Ángel Moratinos ha preferido encaminar su respuesta por el camino de la discreción, para no alimentar un episodio, en principio menor, y evitar que derive en un conflicto diplomático.

«Diplomacia»

El presidente del Gobierno apostó ayer por la misma estrategia cuando, tras defender a los agentes y su cumplimiento de la legalidad, mostró la «total disposición» de los ministerios de Exteriores e Interior para facilitar a Marruecos todas las aclaraciones necesarias, con el objetivo de que las denuncias «no supongan un factor que entorpezca las relaciones» entre dos países, a los que, en su opinión, «nos va a seguir uniendo una buena relación».

Aseguró que la política de buena vecindad y amistad con Marruecos es «una prioridad» de la acción exterior española, y entiende que también de la marroquí, que «se va a mantener» y en la que su Ejecutivo «va a perseverar». Señaló que «nos unen muchos intereses y mucha tarea en común», que se ha intensificado durante sus seis años de mandato, y dijo que tiene muy claro que cuando las relaciones son buenas es un momento favorable para los dos países.

Desde este punto de vista, mostró su deseo de que lo más pronto posible regrese a España el embajador marroquí, puesto vacante desde principios de año, después de que el país vecino propusiese un cambio en la dirección de su legación en Madrid que no fue del agrado del Gobierno.

La postura del Gobierno coincide con la de los principales sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones de la Guardia Civil, que han negado cualquier tipo de agresión o trato racista a marroquíes o inmigrantes subsaharianos en los puestos fronterizos del norte de África.

Los representantes policiales, en varios comunicados, destacaron la normalidad del trabajo en un puesto como en el de Melilla pese a la dificultad que entraña una media diaria de tránsito de 20.000 personas y de unos 2.500 vehículos.

De hecho, lo que denuncia la Confederación Española de Policía (CEP) es todo lo contrario, reclama a las autoridades españolas que adopten las acciones necesarias para que no vuelvan a repetirse las agresiones verbales e incluso físicas de marroquíes a mujeres policía españolas por razón de su sexo.