El defensor del pueblo andaluz, José Chamizo, anunció ayer la apertura de una investigación de oficio para aclarar el supuesto envío de menores extranjeros por parte del Gobierno canario, tal y como afirmó la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro. “Si el Gobierno canario ha hecho esto, se está contraviniendo la normativa internacional de menores. Estamos intentando contrastar si es verdad, y en tal caso apoyaremos la denuncia de la consejera”, subrayó Chamizo. “No hay que jugar con los menores, hay que tener mucho cuidado y respetar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Evidentemente, esperamos que definitivamente haya una aclaración”, añadió.

De este modo, Chamizo reflejó ayer que el trasiego de chicos entre diferentes centros y comunidades es constante. “A nuestro centro llegan menores desorientados y nos piden ayuda para ingresar en centros. A veces con permiso paterno pueden viajar solos y atravesar aeropuertos”. A priori, el Defensor le otorga poco crédito al relato de los menores, que implicaba a la organización Cruz Roja, la cual considera “una organización seria”.

El Defensor se suma así a la polémica que inició Navarro al censurar en una entrevista con Europa Press el supuesto envío por parte del Gobierno canario de cuatro menores que llegaron sin acompañar al aeropuerto de Granada. Además, los técnicos de Igualdad enviaron a la Secretaría de Estado de Inmigración datos de 40 menores para su análisis porque estima que provienen de otras comunidades y estas deberían acogerles en sus centros. Asimismo, la Consejería estudia otros 70 casos de menores.

Sin embargo, ayer el presidente del Gobierno canario, Paulino Rivero, insistió en que las acusaciones de Navarro son una “metedura de pata”, por lo que exigió una rectificación. Rivero no escatimó descalificativos: “Absurdo”, “intolerable” y “una barbaridad” “Parece una cortina de humo de la consejera andaluza para desviar la atención sobre cualquier otro asunto, o en cualquier otro caso, parece una irresponsabilidad o una metedura de pata, y cuando uno mete la pata lo que tiene que hacer es sacarla”, apuntó el presidente canario.

Por otra parte, ayer la ONG Save The Children pidió al Gobierno central que ponga fin a la “guerra entre autonomías” por los supuestos traslados. “Por encima de las cuestiones económicas y de gestión están los derechos y necesidades de estos niños. El Estado y las Administraciones deben cumplir con la normativa internacional ratificada por España y por tanto de obligado cumplimiento”, recordó a Europa Press Yolanda Román, responsable de incidencia política de la ONG. Román recordó que las discrepancias entre comunidades no son nuevas, y mostró su preocupación por el debate surgido, que olvida que en el centro del problema siempre deben estar los niños, que sufren una situación de desamparo.