Si bien la consejera de Igualdad y Bienestar Social de Andalucía, Micaela Navarro, manifestó ayer que 40 menores de origen marroquí fueron trasladados desde Canarias a esa comunidad de forma presuntamente irregular, tras haberlo denunciado ante el parlamento andaluz este miércoles, la respuesta de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias no se hizo esperar negando la mayor y asegurando que “nunca se han realizado traslados de menores extranjeros a esa comunidad autónoma”.

En concreto la directora general de Protección del Menor del Gobierno de Canarias, Carmen Steinert, se mostró “sorprendida” y afirmó en un comunicado que “en ningún momento” el Gobierno andaluz se ha puesto en contacto con el Ejecutivo canario para confirmar o desmentir este asunto, a pesar, dijo, de que vio a la directora del Menor de Andalucía “hace apenas 20 días”.

Ni siquiera ha habido traslados dentro de los acuerdos establecidos entre Canarias y entidades sin ánimo de lucro en otras comunidades autónomas para la acogida y atención de estos menores, “entre los que nunca ha estado la comunidad andaluza”, insistió

Irresponsabilidad

Por su parte las organizaciones sociales Andalucía Acoge y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía pidieron ayer “responsabilidad” a las administraciones tras la acusación de la consejería andaluza hacia la canaria.

El secretario general de Andalucía Acoge, Mikel Araguas, señaló que “no es de recibo que haya discordia entre las comunidades autónomas que tienen que asumir la responsabilidad con los menores”. “La política de una comunidad autónoma no puede ser la de llevar la responsabilidad en el ejercicio de la tutela de una administración a otra”, destacó.

Asimismo, Araguas explicó que cuando se habla de menores no acompañados, “se trata de menores que están no solo protegidos por el ordenamiento jurídico español sino también por el internacional, y por ello consideramos que en este caso debería prevalecer la condición de menor sobre la de inmigrante”. Además, añadió que desde Andalucía Acoge se quiere centrar el debate sobre el sistema público de protección y los motivos de protección de estos menores. “Siempre hay que pretender el bien máximo del menor, teniendo como premisa que hay que dar soluciones específicas a cada menor y no lanzar la pelota de una comunidad a otra”, afirmó.