Es casi como el anuncio de la tarjeta de crédito. El abogado para gestionar los papeles, 2.000 euros. El novio de alquiler, 600. En total, la boda para tener tarjeta de residencia, 3.000 euros. El resultado: la Policía Nacional ha desarticulado una red de matrimonios de conveniencia y ha detenido a 123 personas en Barcelona, Madrid y Valencia. Casarse de este modo sí que ha tenido un precio: el calabozo.

Las investigaciones se iniciaron hace justo un año, en agosto del 2009, cuando agentes de la policía de Sabadell recelaron de una serie de personas que ofrecían regularizar su situación a extranjeros que tenían problemas para permanecer en España. El método: casarse con un español o una española o nacionalizados.

Las personas interesadas en solucionar así su situación eran encaminados hacia una gestoría de Terrassa, que también tiene una oficina en Madrid, y que estaba dirigida por un abogado colombiano. Este, a su vez, tiene relación de parentesco con una funcionaria interina del Registro Civil en Rubí encargada de la legalización definitiva de los enlaces.

Estas actividades no debieron de ser muy sigilosas porque, cuando los policías se entrevistaron con la titular del Registro Civil de Rubí, esta les dijo que ya se había dado cuenta de algunas irregularidades y que había tomado declaración a la funcionaria. Entonces el caso pasó al juzgado de instrucción de Rubí.

En un primer momento se produjeron 19 detenciones: el letrado, varios de sus colaboradores en la gestoría, los intermediarios que captaban a los clientes y la funcionaria. Así se dio con numerosos esposos tanto en Barcelona como en Madrid y Valencia, con lo que el número de arrestos se eleva ya a 123, yno se descarta encontrar aún más parejas de conveniencia. En concreto, medios policiales señalaron que aún quedan veinte personas que pueden ser detenidas.

Todos los enlaces quedaban inscritos en el Registro Civil de Rubí. Los potenciales clientes eran captados en el ámbito latinoamericano, al principio del Vallès y luego de más sitios; personas que no tenían su situación legalizada en España. En total, el arreglo les costaba 3.000 euros. El letrado cobraba 2.000; 400 se repartían entre intermediarios y la funcionaria y los novios de alquiler percibían 600 euros. Según fuentes policiales, entre las parejas de conveniencia predominan las mujeres necesitadas de ingresar un dinero con urgencia, aunque no necesariamente marginales o de ambientes delictivos.

Una de las características más relevantes de esta red es que, en realidad, la boda no se oficiaba. La gestoría proveía de la documentación falsificada y la funcionaria inscribía el matrimonio, según informó la policía. De esta manera no pasaban la entrevista previa que se exige en el juzgado a fin de detectar, precisamente, los matrimonios de conveniencia. Una vez provistos del libro de familia, los extranjeros podían obtener la tarjeta de residente de familiar comunitario. Según fuentes judiciales, los enlaces no tienen valor, serán nulos y el destino del contrayente, más que posiblemente, será el que quería evitar: la expulsión.