Hoy, más que nunca, se evidencia la conculcación del derecho que tiene Euskal Herria como nación para definir su propia Política en materia de Migración, Asilo, Refugio y Extranjería por un lado, y por otro para afrontar los retos de la migración en el conjunto del país. Hoy día nos encontramos conviviendo en Euskal Herria personas y colectivos con derechos muy diferentes según el criterio de los dos estados que mantienen su soberanía sobre nuestro territorio. Es inaceptable desde el sentido común y la honradez política que tengamos que asumir el convivir en nuestro país con personas carentes de derechos, simplemente porque los estados han decidido aplicar una política de migración restrictiva, autoritaria y retrógrada, una política que considera extranjera para todos los efectos a una persona que viva en Hendaia o en Sara al igual que una persona que venga de Perú o Senegal.

De los casi 3 millones de personas que vivimos hoy en día en Euskal Herria más del 25%, es decir unas 800.00 personas, son de origen diferente. De éstas, la gran mayoría, unas 600.000 (en torno al 20% total de la población vasca) han nacido en los estados español y francés. El resto, unas 200.000, son nacidas en otros países de Europa y de fuera de Europa. Unas y otras somos personas sobredeterminadas en nuestros derechos básicos, somos personas con algunos de esos derechos y somos personas sin derechos de ningún tipo. Las personas y colectivos que, al margen de nuestra procedencia, hoy vivimos en Euskal Herria, no tenemos la capacidad de elegir y controlar en igualdad de condiciones el acceso y disfrute de esos derechos en nuestro propio territorio. Vienen definidos por la arbitrariedad de la voluntad soberana de los dos estados.

Desde hace tiempo, estamos constatando los efectos y consecuencias de las políticas autoritarias y restrictivas en materia de residencia y nacionalidad que los estados (junto con el resto de la Unión Europea) decidieron poner en marcha: cierre de fronteras; restricción del derecho de circulación, asilo y refugio; la puesta en marcha de la «Directiva de la Vergüenza»; la enésima reforma de la Ley de Extranjería española; políticas policiales y represivas que han aumentado su diseño represivo, como por ejemplo el Centro de Internamiento de Hendaia – auténtico Guantánamo donde se priva la libertad a las personas sin ninguna garantía jurídica – o la comisaría de Irun – que realmente funciona como un centro estratégico de las políticas restrictivas del Estado español en una parte del territorio de Euskal Herria – .

Esas directivas, leyes, órdenes, recursos, planes de inmigración… dejan ver una vez más el otro racismo existente: el racismo institucional contra los derechos de las personas migrantes, asiladas y refugiadas de origen diferente que viven y vivimos en nuestro pueblo.

Y ninguna de estas actuaciones – que vulneran el derecho que a Euskal Herria como nación le asiste y los derechos a su ciudadanía – han estado en las agendas de los partidos políticos, ni han estado en la agendas de los medios, que hoy tanto denuncian el cierre del servicio vasco de atención jurídico – social gratuita a inmigrantes, Heldu.

La aplicación práctica de las leyes de Extranjería es el nudo gordiano de la situación de vulneración de los derechos a determinadas personas que conviven con nosotros y nosotras. Ese es el bosque que os negáis a ver.

Y la vía para desatarlo no es la reivindicación de mayores ni menores transferencias, ni mayores o menores competencias en marcos políticos agotados. Para hacer frente a la conculcación sistemática de los más elementales derechos no bastan las buenas palabras, no vale decir que no se está de acuerdo con esas leyes tildándolas de inaceptables, para a continuación, aplicar la ley punto por punto. De nada vale elaborar primeros, segundos, terceros o veinte planes de inmigración vascos cuando es de sobra conocido, por esos mismos partidos políticos que se erigen defensores y portavoces de nuestros vecinos y vecinas, que las competencias soberanas sobre este tema corresponden por completo a los estados, que son ellos los que tienen potestad para determinar qué condiciones debemos cumplir los unos y los otros para poder acceder a los derechos de nacionalidad y ciudadanía. Son los mismos que han utilizado el actual marco jurídico político para legitimar y aplicar esas leyes y directivas extranjeras en nuestro pueblo.

Partidos políticos que ahora, ante el cierre del servicio de asistencia jurídica Heldu, se llenan la boca denunciando esa decisión unilateral del actual e ilegítimo Gobierno vasco, y que han estado callados ante el derecho inalienable que a nuestro pueblo le asiste para definir, gestionar y garantizar la residencia y nacionalidad de todas las personas que al margen de nuestro origen vivimos en Euskal Herria.

Han aceptado y legitimado las situaciones de precariedad social y de desprotección e inseguridad jurídica de decenas de miles de personas cumpliendo punto por punto lo que los estados han impuesto en nuestro pueblo. Han legitimado y dado por buena una fotografía no real del fenómeno de la migración en este país, una fotografía asistencialista, estatalista, no transversal, incompleta y sin visión de que Euskal Herria es una nación. Son los mismos que durante estos años y desde esta parte de nuestro territorio no han impulsado ni una sola acción que se oponga a esas leyes y sus consecuencias .

Tendiendo en cuenta todo lo anterior, es importante subrayar – y denunciar alto y claro – lo siguiente:

La prepotencia institucional de la Consejería de Servicios Sociales y Empleo: el «yo mando y ordeno»; y la falta de respeto para con los ayuntamientos, técnicos municipales y ciudadanía (así como para con los y las trabajadoras de Heldu) que se enteran de esa decisión unilateral por la prensa.

La poca seriedad del actual viceconsejero de Servicios Sociales, que es el mismo que asesoró en su día al anterior tripartito en los procedimientos a seguir, tanto en el modelo de Servicios Sociales del que depende y dependía las dinámicas de esa Dirección de Inmigración. De aquellos barros, estos lodos. Sabiendo que la Política Vasca de Inmigración con mayúsculas sencillamente no existe, aunque así venga redactada en los preámbulos que dieron origen a la redacción y aprobación de los Planes de Inmigración, se creyó sus propias mentiras sobre «estrategias versus políticas de inmigración». A pesar del diseño de órdenes y decretos, a través de los cuáles se les ha obligado a los ayuntamientos a diseñar y aprobar Planes locales de inmigración «extracomunitaria», sabe que no reflejan la fotografía real del fenómeno de la migración en nuestros pueblos y en Euskal Herria, ni de las necesidades y derechos de las personas de origen diferente.

Y por último, una visión reduccionista y limitada de la persona, a la que este marco jurídico instrumentaliza y relega exclusivamente al ámbito laboral, sin tener en cuenta su situación familiar, social, cultural, identitario, sus derechos civiles, políticos, económicos, lingüísticos, etcétera.

Por todo ello, nuestra intervención está y estará orientada a superar las dinámicas que los estados español y francés nos están imponiendo, a construir nuestro municipio y Euskal Herria con una política de migración y diversidad al servicio de nuestro pueblo y de toda la ciudadanía que en ella vivimos. Desde la responsabilidad política manifestamos que no vamos a hacer dejación ni delegar en terceros nuestra responsabilidad pública. Estamos haciendo un análisis exhaustivo de la demanda de nuestros vecinos y vecinas más vulnerables en todo el procedimiento jurídico que se le está dando a los expedientes, de su efectividad y respuesta; y tras este periodo de análisis, seguimiento y diagnóstico, responderemos adecuadamente, sin hacer dejación de la defensa al acceso y al ejercicio de los derechos que a todas personas les asiste, siempre desde la ventanilla única que este Ayuntamiento tiene para toda la ciudadanía. Tejiendo redes sociales, construyendo alianzas estratégicas entre todos los sujetos para garantizar todos los derechos de todas las personas en toda Euskal Herria.