La consejera andaluza de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, acusó ayer al Gobierno de Canarias de enviar a menores inmigrantes marroquíes de forma supuestamente irregular desde centros de protección del archipiélago a Andalucía. Los testimonios de los propios menores revelaron que el Gobierno de Canarias les facilitó el billete de avión y autobús a través de la Cruz Roja para que llegaran a Andalucía y acudieran a algunos de sus centros de protección de menores. Fuentes de la ONG han negado su participación en los supuestos traslados.

“El Gobierno andaluz no está dispuesto a consentir esto”, declaró Navarro en una entrevista con Europa Press. De momento, la Junta andaluza ha confirmado el viaje de 40 menores y ha enviado sus expedientes a la Secretaría de Estado de Inmigración y al Ministerio de Sanidad y Política Social para su análisis. El Ejecutivo andaluz estudia ahora otros 70 casos de menores inmigrantes que asimismo podrían haber sido enviados desde Canarias.

La denuncia realizada por Micaela Navarro despertó una profunda indignación en el Gobierno de Canarias. Fuentes de la Consejería de Inmigración del Ejecutivo canario y de la Dirección General del Menor aseguraron a este periódico que Canarias no tiene suscrito convenios con Andalucía en materia de traslados de menores y que estos traslados se realizan solo con aquellas regiones peninsulares que no sufren la llegada de inmigrantes de manera masiva.

El Gobierno de Canarias ha negado así que se hayan trasladado de forma irregular a ningún menor tutelado por el Ejecutivo. La consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, mostró su sorpresa ante las acusaciones vertidas contra el Gobierno de Canarias e informó de que se pondrá en contacto con su homóloga andaluza, Micaela Navarro, para pedirle explicaciones. Además, Rojas ha asegurado que no le consta el inicio de ningún tipo de investigación por parte de la Secretaría de Estado de Inmigración.

El Gobierno central no tiene potestad para investigar este tipo de cuestiones, las competencias son de las comunidades. La Secretaría de Estado de Inmigración manifestó ayer su preocupación porque los menores inmigrantes se muevan entre comunidades y se pierdan sus rastros, según manifestó un portavoz. El Gobierno central tiene previsto reunirse en breve con las comunidades autónomas para revisar el parámetro de atención a estos menores no acompañados, añadió.

Micaela Navarro fue clara en sus declaraciones: “Andalucía no está dispuesta a atender a menores tutelados por otras comunidades autónomas en ningún caso. Cada comunidad tiene la obligación de atender a los menores extranjeros no acompañados que lleguen a su territorio”. Mientras que los centros de protección andaluces acogen a 736 menores inmigrantes marroquíes, Canarias tiene ahora bajo su tutela a unos 1.500 niños. La consejera andaluza insistió en que los menores no permanecerán en su comunidad, en caso de confirmarse las supuestas irregularidades.

El traslado de menores inmigrantes desde Canarias se inició a raíz de la llegada masiva de pateras que recalaron en las costas del Archipiélago en 2006. En cuestión de dos años, los 27 centros de menores extranjeros existentes en la comunidad acogían a 1.200 personas, lo que suponía el triple de su capacidad.

Ante esta situación de emergencia, el Ejecutivo regional estableció convenios con varias comunidades autónomas como Castilla y León, Murcia y Valencia. Según datos facilitados por la Consejería de Inmigración del Gobierno canario, en la actualidad existen 600 menores tutelados de los que más 200 han sido trasladados a la Península. La sensible disminución experimentada en la llegada de pateras a las islas en el último año ha motivado que no se haya realizado ningún traslado de menores inmigrantes a la Península desde hace más de dos meses. Este hecho ha motivado el cierre de cinco de los 27 centros de acogida de menores extranjeros con los que cuenta Canarias.