El nuevo rumbo que ha impuesto el presidente francés, Nicolas Sarkozy, a su política contra la violencia, con una batería de propuestas que persigue a los inmigrantes, aumenta la presencia policial en las calles y amenaza con retirar la nacionalidad a delincuentes de origen extranjero, ha reanimado a la oposición. La secretaria general del Partido Socialista, Martine Aubry, ha aprovechado el talante represivo de Sarkozy, a 20 meses de las elecciones presidenciales, para poner sobre la mesa la postura del partido sobre cómo reducir la violencia y mantener la integración social.

“No vamos a dejar que los conservadores estigmaticen a los franceses que son originarios de otros países, a los gitanos y a comunidades de nómadas que viven en Francia”, exclamó ayer Aubry en una reunión del partido en París. La dirigente socialista y previsible candidata a las presidenciales del 2012 afirmó: “Las últimas decisiones adoptadas por Sarkozy y por el partido conservador representan una deriva anticonstitucional que lesiona a nuestro país y a los valores de humanismo, respeto e integración que avala nuestra República”. La propuesta socialista para evitar nuevos brotes de violencia en los suburbios donde residen comunidades procedentes de otros países se centra en mayor presencia policial pero para prevenir (en dos años se han suprimido 10.000 agentes), crear un cuerpo de proximidad y diseminar por los barrios agentes sociales.

Según Aubry, las medidas que propone Sarkozy van en la línea de la “represión social en lugar de la reinserción que proponen los socialistas”. “No podemos construir una sociedad en base a la represión, la persecución policial y el castigo. Sólo creer en la fuerza es demostrar una visión miope de la educación y contribuye a construir una sociedad de odio que alienta futuros dramas”, subrayó.

No sólo los socialistas han reaccionado a las medidas represivas anunciadas por Sarkozy. El líder del partido centrista, François Bayrou, condena las medidas “porque no podemos crear leyes cada semana en base a un colectivo social”. “Los franceses saben que las leyes para luchar contra la violencia no emanan de un Estado de excepción, sino de un Estado próximo que debe hacerse respetar”, aseguró Bayrou.

La última propuesta de Sarkozy, lanzada el viernes, ha sido ordenar al Ejecutivo que estudie la retirada de la ciudadanía para los delincuentes, en especial los franceses de origen extranjero. Y para avivar con más leña el fuego de la disputa social en un país con más de 15 millones de personas de origen extranjero, la UMP defiende que los padres de los menores delincuentes cumplan dos años de cárcel. “Todos los franceses son iguales ante la ley, sean franceses de nacimiento o naturalizados”, opinó ayer Robert Badinter, ex ministro socialista de Justicia con Mitterrand. La propuesta, en su opinión, “es contraria al espíritu republicano y supone una falta política, porque el corazón del problema es el sentimiento de esos franceses que Sarkozy llama de origen extranjero y que se sienten franceses de segunda”.

En Francia sólo se puede retirar la nacionalidad por terrorismo. Le Monde advierte a Sarkozy que “ningún fin, ni una deseada reelección a la presidencia en el 2012, justifica todos los medios”. Por el contrario, el Frente Nacional, el partido de extrema derecha francés, respaldó las medidas de Sarkozy.