El responsable de los programas de inmigración de Cruz Roja en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha mostrado su preocupación por la supresión a finales de marzo por parte del Gobierno central de la financiación destinada al servicio de ayuda para el retorno a su país de familias inmigrantes instaladas en las Islas, puesto que ha coincidido con un repunte “espectacular” en el número de solicitudes.

“En los últimos dos años hemos trabajado mucho en el retorno humanitario, que es el que beneficia a las personas que se encuentran en situación irregular. Así, mientras que en 2008 hubo 44 solicitudes y se dio luz verde a tres, en 2009 hubo 78 solicitudes y se tramitaron 64. Además, en los tres primeros meses de 2010 recibimos 35 peticiones y aceptamos 29”, explica el responsable de esta área de Cruz Roja en la provincia, Rubén González, que vincula este aumento (que supone un 2.100%) con la crisis económica, ya que la mayoría de los solicitantes trabajaban en la construcción o en la economía sumergida.

“La diferencia entre el número de solicitudes y las que finalmente son concedidas radica en que las personas que quieren retornar tienen que cumplir unos determinados requisitos y comprometerse a no regresar a España en un periodo no inferior a los tres o cinco años. Se deniega cuando no cumple con estos requisitos o cuando se comprueba que tiene recursos económicos suficientes como para sufragarse el viaje por sí mismo. A veces hay casos en los que tampoco se concede porque la persona parece que lo que realmente quiere son unas vacaciones en su país y luego volver a España”, explica este experto.

Respecto al perfil de los solicitantes, no hay que pensar en inmigrantes llegados en patera o cayucos porque “esos son los menos”; la mayoría son personas de origen sudamericano, “fundamentalmente de Venezuela, Colombia, Perú y Argentina que llegaron con visado turístico, consiguieron permiso de trabajo y de residencia y debido a la situación en la que estaban preferían volver a su país”.

Preguntado acerca del porqué de este recorte económico, Rubén González explica que “nunca” se les dio ninguna explicación sino que “simplemente se eliminó la financiación y punto”.

En el ámbito social, los programas sobre inmigración son los que más recortes han experimentado en los dos últimos años, sobre todo debido a la cada vez menor afluencia de inmigración a través de cayuco o patera.

Colectivo vulnerable

El propio presidente provincial de Cruz Roja, Alejo Trujillo, comentó en la presentación de la memoria anual que esto le parecía una “equivocación, porque quizás no lleguen más por la costa, pero sí lo siguen haciendo por los aeropuertos y los que ya están aquí tienen más necesidades que nunca”.

Este punto es compartido por el responsable de inmigración de esta organización social, que asegura que “es ahora cuando más habría que apoyar a este colectivo porque son más vulnerables si cabe que el resto y se les están cortando todas las vías de financiación. La única esperanza es que se retome en los próximos meses”.

“No hay programa de retorno pero tampoco hay ningún otro tipo de ayuda. Esta gente no puede ir a los ayuntamientos porque está en situación irregular. Ahora más que nunca están en el limbo. No tienen dónde ir ni qué hacer y están en un grado de exclusión máximo. La mayor parte de las organizaciones que trabajaban con inmigrantes lo han dejado de hacer por falta de fondos, como Cáritas, y quien continúa lo hace bajo mínimos”, sentencia González.

Ayudas sólo para los que hayan trabajado y cotizado

Los recortes en la financiación para el retorno de inmigrantes a sus países de origen por razones humanitarias ha complicado mucho el acceso de este colectivo a recursos que le faciliten salir de España. En concreto, el retorno a través del INEM es uno de los pocos recursos que siguen vigentes, si bien de él sólo se pueden beneficiar aquellas personas que han estado trabajando y cotizando durante el tiempo suficiente como para poder percibir una prestación de desempleo cuando se han quedado sin trabajo. Para este tipo de casos, en vez de cobrar el paro mes a mes, lo que se hace es que se hacen dos pagos; uno por el valor del 40% de toda la prestación que le corresponde y que lo cobrará estando aún en España; y un segundo pago por el 60% restante que lo podrá percibir cuando ya se encuentre en su país. Es una manera de garantizar que el solicitante contará con dinero suficiente para poder abandonar España por sus propios medios y para instalarse de nuevo en su país de origen con algunos ingresos. Sin embargo, si no cotiza el tiempo suficiente o directamente ha trabajado sin contrato es cuando se complican sus posibilidades de retorno ya que actualmente la única posibilidad que tienen para poder retornar es sufragar el pasaje de su bolsillo. “Para las personas más desfavorecidas y que se encuentran en situación irregular, lo único que podemos hacer es derivarlos a la Organización Internacional de las Migraciones, que es una ONG que tratará de gestionar una ayuda, pero ya están cortos de fondos”, confirma Cruz Roja.