Mesa (Arizona)

R USSELL Pearde, senador estatal de Mesa – a 35 kilómetros de Phoenix – , concibió la ley SB1070 para “asfixiar” a los indocumentados pero, paradójicamente, la medida está deteriorando la economía de esta ciudad y del estado. La normativa, en vigor desde el jueves pasado aunque con la suspensión de los artículos más polémicos, penaliza la presencia de indocumentados en Arizona y ha inspirado a otros gobiernos a seguir el ejemplo de este estado, considerado zona cero del combate a la inmigración ilegal en Estados Unidos.

Para un extranjero, la vida en Arizona se divide en un antes y un después de la SB1070, una medida que también castiga a quienes ayuden a los indocumentados. Baste un paseo por algunas de la principales calles de este imán del turismo en el Condado de Maricopa para ver el impacto de la recesión y de la norma, que ha alentado el éxodo de muchos. Varios negocios en las intersecciones de Main Street y Stapley Drive, y de Broadway y Country Club, cuelgan en sus puertas letreros con mensaje de “cerrado” y gruesas cadenas y candados de acero. En varios centros comerciales, sólo quedan lotes vacíos.

El coste humano, económico y político de la ley, aseguran sus detractores, es muy alto, tomando en cuenta que Arizona tiene, en tiempos de recesión, un déficit presupuestario de 3.200 millones de dólares. “Creo que legisladores como el señor Pearce no piensan en el bienestar de su estado, están usando la SB1070 como plataforma para captar votos”, dice la reverenda Magdalena Schwartz, de la Iglesia Discípulos del Reino Metodista Libre, que atiende a los inmigrantes.

“horrores” Schwartz, oriunda de Chile, llegó a Mesa en 1988, y en casi dos años a cargo de la iglesia ha visto “horrores”, dijo al recordar el caso más extremo, el de Alma Minerva Chacón, una mexicana indocumentada que fue detenida y en diciembre pasado “dio a luz atada de pies y manos, como una verdadera criminal, como un animal”. Su iglesia recaudó 4.000 dólares para pagar su fianza y conseguirle un abogado parar tramitar un permiso de trabajo.

Nadie sabe con certeza cuánto costará la aplicación de la SB1070, aunque las autoridades han apartado diez millones de dólares para acciones policiales. Esa cifra no incluye lo que costaría ampliar las cárceles o responder a posibles demandas civiles. Por otro lado, más de 35.000 negocios en Arizona son de dueños latinos y éstos registraron ventas por 4.300 millones de dólares y dieron empleo a cerca de 40.000 personas en 2002, año más reciente del que se tienen datos. Si se cumpliera la fantasía de los partidarios de la ley de expulsar a todos los indocumentados, Arizona perdería 26.400 millones de dólares en actividad económica, 11.700 millones en su Producto Interior Bruto y unos 140.324 empleos, según el Grupo Perryman.

“Antes de la SB1070 ya teníamos aquí un ambiente muy terrible, que tiene nombre y apellido: el sheriff Joe Arpaio. La solución no está en las redadas, como él cree, está en una reforma migratoria”, puntualizó Schwartz.