La ley que criminaliza a los inmigrantes ilegales en Arizona, felizmente desactivada por una juez, ha sido universalmente criticada porque en nuestro ámbito la inmigración ilegal es una infracción administrativa y no un delito, y porque la mayoría de quienes están en esta situación se encuentran en un verdadero ‘estado de necesidad’, una eximente en todas las legislaciones penales. Sin embargo, nuestro país, tan solidario y acogedor en teoría, empieza a ser considerado peligroso para la gente de color y para las etnias no europeas: el Departamento de Estado ha alertado a sus ciudadanos afroamericanos del riesgo de ser molestados arbitrariamente en España. Y cita un incidente de dos estadounidenses detenidos sin motivo en Barcelona. El origen de esta situación es la famosa circular 1/2010 de la Comisaría General de Extranjería, que invita a los funcionarios policiales a realizar ‘detenciones preventivas’ para localizar inmigrantes ilegales. La consigna invita evidentemente a detener a quienes, por el color de su piel, no parezcan españoles. La norma ha sido criticada por sindicatos policiales y por el Consejo General de la Abogacía, y es probablemente inconstitucional. No deberíamos consentir que nuestras calles parezcan las de un Estado policial.