Los campos de Lleida ya huelen a fruta. Las previsiones de cosecha serán similares a las de la campaña anterior: 270.000 toneladas de melocotón y nectarina, 210.000 de manzana y 208.000 de pera. Productos que tienen que ser recogidos del árbol en el momento justo para que no se estropeen. Ni muy verdes ni muy maduros. Para realizar la recolección, los agricultores necesitarán este año entre 10.000 y 12.000 temporeros. A pesar de que, según los datos publicados el viernes, en Cataluña hay 676.100 personas sin empleo, la mayoría de las plazas las ocuparán temporeros contratados en Rumanía, Colombia y el norte de África. La Generalitat trató de reclutar a 7.800 parados catalanes con experiencia agrícola, pero sólo 1.668 personas han aceptado acudir a la llamada de los empresarios.

La campaña de la fruta este año vuelve a estar marcada por el desempleo y la crisis económica. Nadie espera grandes dificultades para encontrar mano de obra. Las calles y plazas tanto de la ciudad de Lleida como de los pueblos próximos donde hay explotaciones y cooperativas frutícolas están llenas desde hace semanas de temporeros de las más variadas procedencias que esperan que alguien les contrate para poder subsistir. Es el guión de cada año, pero la cruda realidad es que la gran mayoría de ellos no lo conseguirán porque los empresarios cada vez ajustan más la oferta a sus necesidades y acaban contratando sólo a los que tienen los papeles en regla. La Generalitat, en cuyas manos recaen por primera vez las tareas de inspección de trabajo en la campaña, ya ha advertido de que mantendrá un férreo control sobre los contratos.

De todos los temporeros que se precisarán, unos 5.000 serán trabajadores rumanos que el año pasado ya consiguieron empleo en España después del fin de la moratoria laboral establecida para su país al entrar en la Unión Europea. Además, también se contratarán a unas 700 personas en origen, principalmente de Colombia, una cifra algo inferior a la de 2009, cuando se contrataron a unos 850 temporeros.

Esta reducción es debida a que la administración quiere primar la contratación de personas en paro con un perfil de peón. No le está resultando fácil. La Generalitat envió cartas, a finales de mayo, a 7.803 parados de toda Cataluña ofreciéndoles la posibilidad de realizar trabajos agrícolas unos meses, primero en la recogida de la fruta de Lleida y después en otros puntos de Cataluña. Joan Josep Berbel, director del Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), explica que han contestado afirmativamente 1.668 personas, lo que representa un 20,6%. La mayoría, inmigrantes en paro de las comarcas de Lleida. Estas personas son las que entrarán en los procesos de selección, aunque es difícil prever cuántas acabarán contratadas, ya que en el último momento muchos aspirantes pueden rechazar la oferta por diversos motivos.

La leridana María M., de 29 años, es una de las personas que sí contestó la carta expresando su deseo de trabajar en la campaña, donde ya tiene una experiencia de más de tres años como manipuladora de fruta en una cooperativa. También ha realizado trabajos de cajera en un comercio y en una sala de despiece de pollos. “En un principio estoy interesada en trabajar en una cooperativa, ya que hacerlo en el campo a pleno sol es muy duro y no está bien pagado, pero con la crisis que hay te agarras a lo que sea”, asegura.

El SOC cuenta en la tarea de reclutar desempleados con la colaboración de las organizaciones agrarias, entre ellas la Fundació Pagesos Solidaris, que harán de intermediarios entre los aspirantes y los empresarios que necesitan trabajadores.

2"Cuesta entender que sólo el 20% de los contactados haya mostrado interés por la oferta", apunta Salomó Torres, de Unió de Pagesos. “Pensamos que hay razones que disuaden a los parados a aceptar un trabajo en el campo, principalmente la dureza, la temporalidad y el hecho de desplazarse a un lugar alejado de la residencia habitual”. Este año el salario del campo es de 5,91 euros a la hora, seis céntimos más que en 2009.

Berbel cuenta que más de la mitad de los parados a los que se han enviado cartas no reciben ninguna prestación y el resto sólo los 420 euros mensuales del programa temporal de Protección por Desempleo e Inserción (Prodi) u otro tipo de subsidio. Por ley, si un trabajador en paro rechaza sin causa justificada una oferta de trabajo en su localidad y de su profesión puede perder la prestación que en ese momento esté recibiendo. La Generalitat no tiene competencias para sancionar por este motivo, pero sí está obligada a comunicarlo al Ministerio de Trabajo para que decida qué hacer. “Aquellos que no han contestado la carta serán citados a una entrevista para conocer los motivos por los que han declinado la oferta de trabajo y tendrán que seguir un itinerario de orientación profesional con el fin de encauzarlos hacia posibles trabajos adaptados a su perfil”, añade Berbel.

El argelino Mohamed B., de 55 años, lleva mucho tiempo dando vueltas por España intentando conseguir un contrato para poder mantener a su familia, que vive en Argelia. Llegó a Lleida hace tres años, donde ha realizado trabajos eventuales en el campo y en la construcción. Ahora está en paro. No le ha llegado la carta de la Generalitat, pero busca desesperadamente la llamada que le anuncie que tiene una oferta de trabajo en la recolección de la fruta. “En lo único que pienso es en trabajar”, señala.

Los agricultores a estas alturas ya tienen resuelto el problema de la mano de obra. Suelen nutrirse de trabajadores locales, de inmigrantes conocidos de otras campañas. Este es el caso de Josep Cabré, un agricultor de Alpicat (Segrià) que desde hace tres meses tiene contratados a siete trabajadores de Gambia y Malí. “Todos tienen los papeles en regla y algunos ya los he tenido trabajando otros años. Seguramente en agosto necesitaré más y entonces vendrán algunos de sus familiares”, señala.