Nicolás Sarkozy lo tiene claro. Francia «sufre las consecuencias de cincuenta años de inmigración insuficientemente regulada». Y él es el hombre más adecuado para acabar con la situación. El presidente galo se ha puesto a ello ya, convencido de que hay que actuar cuanto antes para que no se repitan los incidentes que, cada vez con más frecuencia, se registran en los extrarradios de las urbes, convertidos en auténticos guetos de ciudadanos de origen extranjero. Los últimos tuvieron como escenario la alpina Grenoble, donde un joven gitano murió por disparos de la policía cuando huía después de haber participado en el asalto armado a un casino.

El miércoles anunció el desmantelamiento de los alrededor de trescientos campamentos romanís ilegales que salpican la geografía del país vecino. Ayer, fue más allá y adelantó que tras el período estival propondrá una ley que retirará la nacionalidad francesa «a toda persona de origen extranjero que haya atentado voluntariamente contra la vida de un policía, un gendarme o cualquier representante de la autoridad pública». Lo manifestó acompañado de los ministros de Justicia, Michelle Alliot – Marie, y del Interior, Brice Hortefeux.

«La nacionalidad es algo que se debe merecer. Hay que poder mostrarse digno de ella y alguien que dispara a agentes de seguridad, como ocurrió aquí, no es digno de seguir siendo francés», manifestó con vehemencia en la barriada de Villeneube, escenario de tres noches de violencia por la muerte del gitano. Allí apoyó con su presencia la toma de posesión del nuevo prefecto (delegado del Gobierno) en la zona. El anterior fue cesado por su tibieza a la hora de afrontar los disturbios.

Todo va a cambiar. Expresó su deseo de que «la adquisición de la nacionalidad por un menor delincuente en el momento de cumplir 18 años no siga siendo automática». También tras las vacaciones propondrá que el Parlamento debata la extensión de las penas para «los autores de violencia agravada», que actualmente sólo se aplican a los reincidentes. «Este tipo de penas – precisó – se dirigirán a quienes realicen actos y ataques contra personas depositarias de una autoridad pública». Dio hasta las condenas que estima apropiadas: «Treinta años sin posibilidad de redención para los asesinos de policías».